(ZENIT Noticias / Washington, 14.05.2025).- En un fallo que reaviva el intenso debate nacional sobre los derechos de las personas transgénero estadounidenses y el alcance de la autoridad militar presidencial, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el martes 6 de mayo a la administración Trump a aplicar su amplia prohibición al servicio militar de las personas transgénero.

La decisión del alto tribunal, emitida sin argumentos orales y dividida por ideologías, levantó una orden judicial nacional que previamente había bloqueado la política. Los tres jueces liberales —Sotomayor, Kagan y Jackson— discreparon. La decisión no resuelve las impugnaciones legales subyacentes, pero permite que la prohibición siga adelante mientras esos casos se tramitan en tribunales inferiores.

A las pocas horas del fallo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una contundente declaración en redes sociales: «No más personas trans en el Departamento de Defensa». A continuación, publicó un video ese mismo día en el que se refirió a los militares transgénero con términos despectivos, diciendo: «No más hombres con vestidos. No más tonterías».

Si bien el Departamento de Defensa ha informado oficialmente que alrededor de 4000 personas transgénero sirven actualmente en las fuerzas armadas, grupos de defensa argumentan que la cifra real podría ser significativamente mayor. Estos militares, muchos de los cuales han ocupado puestos de combate o liderado tropas en operaciones activas, ahora enfrentan un futuro incierto.

Entre los directamente afectados se encuentra la comandante de la Armada Emily Shilling, quien lidera un grupo de siete demandantes transgénero que impugnan la política. En una declaración desafiante y emotiva tras la decisión del tribunal, Shilling subrayó la humanidad y la dedicación de las personas afectadas.

«No somos hipotéticos. No somos abstracciones políticas. Somos personas reales que realizan un trabajo real en defensa de una nación en la que todavía creemos, incluso cuando le cuesta creer en nosotros», dijo Shilling. «Este fallo puede conmocionar a muchos, pero insto a todos a mantenerse firmes. No están solos».

Las organizaciones legales que representan a los demandantes, incluyendo Lambda Legal y la Fundación de la Campaña de Derechos Humanos, calificaron la decisión de la Corte Suprema como un «golpe devastador» para los derechos y la dignidad de las personas transgénero estadounidenses en servicio.

Los orígenes de esta política se remontan a una directiva de febrero bajo la renovada presidencia de Trump. La política actualizada va más allá de los intentos anteriores de restringir el servicio militar de las personas transgénero al descalificar ampliamente a las personas con disforia de género o a quienes se han sometido a una transición médica. Los abogados del gobierno defendieron la medida invocando la preparación militar, citando un informe del Pentágono del primer mandato de Trump que afirmaba que la disforia de género socava la «eficacia y letalidad» de la fuerza.

El Procurador General D. John Sauer, en representación del gobierno, instó a los jueces a otorgar una «deferencia sustancial» al juicio del Pentágono sobre política militar. Argumentó que los tribunales no están capacitados para cuestionar decisiones relacionadas con la defensa nacional.

Sin embargo, múltiples tribunales federales han impugnado la constitucionalidad de la política. Los demandantes argumentan que viola la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda e ignora la capacidad demostrada de las personas transgénero para servir eficazmente. En un fallo notable, un juez del estado de Washington rechazó el argumento de la administración, argumentando que el asunto «no era particularmente complejo». Este fallo provocó una apelación fallida ante el Noveno Circuito, lo que finalmente llevó a la administración a solicitar amparo ante la Corte Suprema.

Mientras tanto, una orden judicial independiente emitida en Washington, D.C., fue suspendida temporalmente por un tribunal federal de apelaciones que aún evalúa los méritos del caso. La saga legal está lejos de terminar, pero la decisión de la Corte Suprema otorga al poder ejecutivo un amplio margen de maniobra para reestructurar la política militar, al menos por el momento.

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