(ZENIT Noticias / Londres, 18.05.2025).- Un límite sagrado se encuentra bajo un escrutinio sin precedentes en el Reino Unido, ya que el Ministerio del Interior confirma que no se concederán exenciones para las confesiones religiosas en virtud de las nuevas propuestas de denuncia obligatoria destinadas a combatir el abuso sexual infantil. La decisión, presentada en una carta fechada el 13 de mayo, ha suscitado una oleada de preocupación entre líderes católicos, juristas y defensores de la libertad religiosa, quienes consideran la medida una amenaza directa a uno de los principios más protegidos de la vida sacramental.

En virtud del proyecto de ley de justicia penal, actualmente en trámite en el Parlamento, el clero de todas las confesiones estaría legalmente obligado a denunciar cualquier revelación de abuso sexual infantil, incluso si la información se recibe dentro del confesionario. La política, anunciada por la Unidad de Política sobre Abuso Sexual Infantil del Ministerio del Interior, establece firmemente: «Esta obligación se aplicará a todas las personas que realicen actividades relevantes con niños, incluso en entornos religiosos y confesionales. No hay excepciones basadas en el lugar donde se realice la revelación, incluidas las confesiones».

Lo que distingue a esta política de los debates legislativos previos es su postura inequívoca: no se permiten concesiones al privilegio entre clérigos y penitentes. Esto no ha pasado desapercibido.

Una línea que la Iglesia no puede cruzar

Para la Iglesia Católica, el secreto de confesión no es una tradición pintoresca, sino un imperativo divino. El Derecho Canónico no deja lugar a interpretaciones: cualquier sacerdote que rompa directamente el secreto incurre en excomunión automática reservada a la Santa Sede. Para la Iglesia, el confesionario no es simplemente confidencial, sino inviolable.

David Paton, católico practicante y profesor de economía industrial en la Universidad de Nottingham, presentó pruebas a una comisión parlamentaria que evalúa el proyecto de ley. Argumenta que el gobierno está malinterpretando peligrosamente tanto la realidad espiritual como el efecto práctico de su propuesta.

“No hay evidencia empírica de que romper el secreto de confesión conduzca a mejores resultados en materia de protección infantil”, declaró Paton. De hecho, podría disuadir tanto a los perpetradores como a los posibles denunciantes de denunciar en el único espacio donde podrían verse alentados a afrontar su culpabilidad.

Incluso si se aprueba la ley, insiste Paton, los sacerdotes tendrían moral y canónicamente prohibido cumplirla. «Lo que el gobierno logrará no es una mayor seguridad, sino una nueva categoría de presuntos incumplidores que estarán indefensos ante las repercusiones legales y el daño a la reputación».

Orientación Espiritual vs. Obligación del Estado

La decisión del Ministerio del Interior no es una medida aislada. Sigue una recomendación de 2022 de la Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil (IICSA), que, tras años de investigación, exigió leyes de denuncia obligatorias de amplio alcance sin exenciones, religiosas ni de otro tipo.

Un memorando de derechos humanos que acompaña al nuevo proyecto de ley reconoce que el clero podría encontrarse en un conflicto directo entre sus deberes espirituales y sus obligaciones legales. Aun así, el gobierno sostiene que la necesidad social de combatir el abuso sexual infantil supera las preocupaciones sobre la libertad de religión, afirmando: “Las confesiones hechas en el contexto de orientación religiosa o espiritual no gozan de protección absoluta bajo el CEDH”.

Este enfoque refleja una creciente tensión global. A principios de este mes, el estado de Washington, en EE. UU., promulgó una ley similar, que despoja al clero de la exención de la obligación de informar, incluso en las confesiones. El Departamento de Justicia de EE. UU. ya ha iniciado una investigación para determinar si la ley viola la protección de la libertad religiosa que otorga la Primera Enmienda. 

Aumenta la tensión entre la Iglesia y el Estado

En el Reino Unido, la legislación propuesta ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la autoridad secular y la autonomía espiritual. La Sociedad Secular Nacional, que aboga por una estricta separación entre religión y Estado, acogió con satisfacción la firme postura del Ministerio del Interior. En su carta del 25 de abril a la ministra de Salvaguardia, Jess Phillips, exigía exactamente lo que ahora se está cumpliendo: ninguna excepción al privilegio clerical.

Mientras tanto, la Iglesia Católica ha adoptado un tono más cauteloso. Un portavoz de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales declaró a The Pillar en abril que los líderes de la Iglesia siguen «en contacto con funcionarios, ministros y parlamentarios» a medida que avanza el proyecto de ley.

Sin embargo, tras bambalinas, la presión aumenta. Las autoridades eclesiásticas saben que no pueden comprometer el secreto de confesión, pero tampoco pueden permitirse que se les considere obstaculizadores de la reforma de protección infantil.

¿Qué está en juego?

Si bien las consecuencias legales por no informar bajo el proyecto de ley actual podrían no llegar a un proceso penal, el verdadero peligro reside en otro lugar. Los clérigos que oculten información podrían ser añadidos a listas de personas excluidas, lo que les privaría de la posibilidad de trabajar con menores y socavaría su ministerio público.

Más allá de los tecnicismos legales, la medida podría provocar una profunda erosión de la confianza entre las comunidades religiosas y el Estado. Algunos temen que someter los ritos sagrados a vigilancia estatal, incluso indirectamente, siente un precedente con repercusiones mucho mayores que este único asunto.

El Vaticano ya ha intervenido anteriormente. Una nota de 2019 de la Penitenciaría Apostólica advertía contra cualquier intento legislativo de violar el secreto de confesión, calificando tales esfuerzos de «una ofensa inaceptable contra la libertas Ecclesiae» y una violación de los fundamentos mismos de la libertad religiosa.

El debate, en esencia, no se limita al derecho o la teología, sino a las reivindicaciones contrapuestas de justicia y misericordia, de seguridad pública y santidad privada. En una sociedad que, con razón, busca proteger a los más vulnerables, la pregunta es si algunos absolutos morales deberían seguir reconociéndose como intocables. O, como algunos temen, si, en la búsqueda de la rendición de cuentas, lo sagrado mismo podría convertirse en un daño colateral.

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