(ZENIT Noticias / Washington, 07.06.2025).- Una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump a principios de junio ha reavivado un intenso debate sobre la postura migratoria de Estados Unidos, esta vez con un alcance más amplio y consecuencias más profundas que antes. La orden impone prohibiciones de entrada casi totales o parciales a ciudadanos de 19 países, muchos de los cuales tienen una importante población cristiana, incluyendo seis naciones de mayoría católica.

Concebida como una respuesta a las preocupaciones de seguridad nacional y a las fallas en la aplicación de la ley migratoria, la política resucita y amplía una estrategia familiar del primer mandato de Trump. Sin embargo, los críticos afirman que el verdadero costo se medirá en familias destrozadas, pérdida de confianza y una creciente estigmatización religiosa y racial.

Entre los países más afectados se encuentran países de mayoría católica como Haití, la República del Congo y Guinea Ecuatorial, que ahora enfrentan prohibiciones de viaje casi totales. Otros, como Venezuela, Cuba y Burundi, verán a sus ciudadanos sujetos a restricciones parciales. Si bien el gobierno insiste en que las medidas se basan en parámetros objetivos, como las tasas de permanencia vencida y los riesgos de terrorismo, muchos observadores señalan un patrón preocupante: comunidades religiosas y regiones ya marginadas están siendo arrastradas a una redada masiva.

En Eritrea y Chad, donde el cristianismo representa aproximadamente la mitad de la población, las prohibiciones también bloquearán la entrada casi por completo. La minoría cristiana de Chad, por sí sola, supera el 40%, y los católicos representan una proporción importante. Poblaciones cristianas más pequeñas, pero significativas, en Togo y Sierra Leona se verán igualmente afectadas por prohibiciones parciales.

La lista se extiende más allá de las regiones de mayoría cristiana, e incluye países como Irán, Afganistán, Libia y Somalia (naciones mayoritariamente musulmanas con una presencia cristiana mínima), así como Birmania y Laos, de mayoría budista. Si bien existen excepciones para residentes legales, casos de reunificación familiar, personas adoptadas y algunas circunstancias humanitarias, los críticos afirman que estas son insuficientes dado el alcance de las restricciones.

El obispo Mark Seitz, presidente del comité de migración de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, emitió una declaración enérgica denunciando la orden como una afrenta al legado de la nación como refugio para los vulnerables. «Una vez más, estamos rechazando a los más necesitados», declaró Seitz. «Cuando naciones enteras son incluidas en la lista negra, nuestro sistema de inmigración se vuelve no solo inaccesible, sino también injusto».

La condena de Seitz fue compartida por Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), quien enfatizó los daños colaterales para las familias. «Lo que ya hemos visto este año es el deterioro de las vías humanitarias clave. Esta nueva política echa sal en la herida», afirmó. Gallagher advirtió que la orden corre el riesgo de institucionalizar la separación familiar bajo el pretexto de la gestión fronteriza. En su anuncio, Trump citó recientes incidentes violentos como justificación de la represión, en particular un ataque en Colorado que involucró a un ciudadano egipcio que se quedó más tiempo del permitido por su visa y que posteriormente atacó a los asistentes a una vigilia por rehenes israelíes. «No podemos permitir que personas peligrosas entren a nuestro país sin ser investigadas», declaró el presidente. «Se trata de seguridad, simple y llanamente».

Sin embargo, el énfasis en individuos maliciosos de regiones específicas ha generado comparaciones con la controvertida «prohibición musulmana» del primer mandato de Trump, que fue impugnada en los tribunales y ampliamente condenada por su connotación religiosa. Si bien la nueva orden no hace referencia explícita a la religión, su efecto desproporcionado en las poblaciones predominantemente católicas y cristianas no ha pasado desapercibido para los líderes religiosos y los defensores de los derechos humanos.

Tras las justificaciones legales (tasas de cumplimiento de visas, listas de vigilancia de terroristas) se esconde una pregunta: ¿quién es bienvenido en Estados Unidos? Para muchos católicos del Sur Global, especialmente para quienes huyen de la persecución, la pobreza o la inestabilidad, esa pregunta ha adquirido una dolorosa claridad.

Las excepciones de la orden, si bien importantes, ofrecen un alivio limitado. Las exenciones humanitarias siguen siendo poco frecuentes y a menudo requieren documentación engorrosa. Incluso las disposiciones para afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses o iraníes que huyen de la persecución religiosa se ven limitadas por obstáculos burocráticos y discreción caso por caso.

Las comunidades religiosas ahora tienen que llenar el vacío. Las redes católicas de ayuda, ya sobrecargadas por el creciente desplazamiento global, deben prepararse para más casos de asilo bloqueados y familias desorientadas. Los defensores legales se preparan para otra ronda de desafíos, tanto en los tribunales como en la opinión pública.

Esta última directiva sobre inmigración marca no solo un punto de inflexión en la agenda del segundo mandato de Trump, sino un claro reflejo de la tensión constante entre la seguridad nacional y la responsabilidad moral. Para muchos, no se trata solo de fronteras, sino de valores: si Estados Unidos aún puede reconocer la dignidad del extranjero, la voz del perseguido o el llanto de un niño separado.

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