(ZENIT Noticias / Washington, 07.06.2025).- En una drástica medida que pone de manifiesto años de creciente presión financiera, la Arquidiócesis de Washington se prepara para recortar aproximadamente 30 puestos de personal en sus oficinas centrales, una decisión que el arzobispo Robert McElroy ha calificado como una de las más dolorosas de su ministerio. Los recortes, previstos para antes del inicio del nuevo año fiscal en julio, reflejan una crisis creciente que lleva mucho tiempo latente y que ahora está desbordando.

Durante cinco años consecutivos, la arquidiócesis ha registrado un déficit operativo anual de alrededor de 10 millones de dólares, dependiendo de sus reservas financieras para mantenerse a flote. Sin embargo, ese colchón se está agotando. McElroy, quien asumió el cargo de arzobispo en marzo, heredó un sistema ya de por sí afectado por las secuelas de la pandemia de COVID-19, años de disminución de las donaciones y la persistente sombra del escándalo de abusos del excardenal Theodore McCarrick; una combinación tóxica que ha desestabilizado la base económica de la arquidiócesis.

La decisión de reducir la plantilla arquidiocesana se produce tras lo que McElroy describió como un «intensivo período de consulta y revisión» con asesores financieros, clérigos y altos directivos. Si bien la arquidiócesis aún no ha publicado detalles sobre qué puestos se eliminarán, fuentes internas afirman que la mayoría de los recortes afectarán al Centro Pastoral de Hyattsville, Maryland, donde la dotación de personal ya se ha reducido significativamente desde 2020. En ese momento, la cancillería empleaba a más de 200 personas. Esa cifra se había reducido a aproximadamente 120 para esta primavera.

«No se trata solo de números. Se trata de personas: colegas, amigos, familias», escribió McElroy en una carta a los empleados. «Las decisiones que estamos tomando no reflejan su compromiso ni su rendimiento, sino una dolorosa realidad financiera».

La declaración del arzobispo también refleja la preocupación por las consecuencias más amplias. Si bien los despidos buscan estabilizar el presupuesto, podrían tener repercusiones en los ministerios arquidiocesanos, muchos de los cuales dependen en gran medida de la dotación de personal central. Aunque no se ha cerrado oficialmente ningún programa, a los observadores les preocupa que los departamentos, sobrecargados, no puedan mantener los niveles de servicio anteriores, especialmente en la extensión comunitaria y el apoyo a las parroquias con dificultades.

Mucho antes de este último ajuste de cuentas, ya se veían señales de alerta. En 2020, la arquidiócesis despidió a 17 empleados de la cancillería debido a las pérdidas financieras derivadas de la pandemia. El entonces arzobispo Wilton Gregory implementó una controvertida reforma de la estructura tributaria diocesana en 2024, gravando casi todos los ingresos parroquiales, incluyendo donaciones y subvenciones previamente exentas. Se esperaba que esta medida generara 3 millones de dólares adicionales al año. No fue suficiente.

Lo que complica aún más el panorama es el impacto persistente del escándalo McCarrick. Aunque las cifras exactas son difíciles de obtener, tanto Gregory como McElroy han reconocido que la confianza de los donantes se vio gravemente afectada tras las acusaciones que surgieron en 2018 de que McCarrick había abusado repetidamente de seminaristas y administrado un fondo secreto, no contabilizado, utilizado para donaciones a influyentes funcionarios eclesiásticos.

A pesar de los llamados a la transparencia, el alcance completo de las operaciones financieras de McCarrick durante sus seis años en Washington permanece oculto. El fondo discrecional que supervisó nunca fue auditado de forma independiente, y la arquidiócesis aún no ha publicado un informe forense de su actividad. A falta de una divulgación completa, el escándalo ha dejado no solo daño moral, sino un legado de sospecha que continúa erosionando la confianza.

Hoy, mientras McElroy contempla una cancillería más eficiente e intenta reconstruir la confianza institucional, surge otra preocupación: la estabilidad a largo plazo del fondo de pensiones de los sacerdotes. Si bien la arquidiócesis ha declarado que el fondo es solvente por ahora, los rumores sobre un posible aumento de la edad de jubilación son cada vez más fuertes.

Para muchos, la crisis se percibe como una convergencia del pasado y el presente: un legado sin resolver de abuso clerical y opacidad financiera que choca con una nueva era de fragilidad económica y fatiga de los donantes. También plantea interrogantes existenciales sobre la sostenibilidad de una infraestructura diocesana que en su día asumió un nivel de generosidad institucional que ya no existe.

Aun así, McElroy se ha comprometido a gestionar la transición con la mayor dignidad y apoyo posible. Su carta asegura a los afectados que se pondrán a su disposición indemnizaciones por despido, beneficios extendidos y asistencia para la inserción laboral. Pero incluso estas medidas, admite, «no sustituyen lo que se está perdiendo».

La Arquidiócesis de Washington atiende a más de 650,000 católicos en 140 parroquias y nueve misiones en la capital del país y los condados circundantes. Pero detrás de esa cifra se esconde una nueva realidad que da que pensar: menos manos para servir, menos recursos en los que confiar y una necesidad apremiante de reimaginar el modelo administrativo de la Iglesia en una época de recortes institucionales.

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