(ZENIT Noticias / Roma, 12.06.2025).- El pasado 3 de junio el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), criticó al gobierno italiano por un cambio unilateral en el sistema tributario que canaliza ayudas de financiamiento libre por parte de los ciudadanos a la Iglesia Católica en el país.

El origen está en la ley de 1985 que reguló el reconocimiento legal de las entidades y propiedades eclesiásticas, y los métodos de sustento para el clero garantizados por una renta mínima del Estado a los sacerdotes. El sistema estableció la elección de los contribuyentes a una fracción de los ingresos fiscales a la Iglesia Católica o al Estado, señalando una casilla en la Declaración de la Renta.

La denuncia del presidente de la CEI advierte que el Gobierno modificó unilateralmente la ley con un objetivo y un argumento que son falsos. Parece que el mecanismo de distribución cambia y los fondos se podrían reducir a la mitad.

En la apertura de la Conferencia Nacional promovida por el Instituto Central para el Sostenimiento del Clero para conmemorar el 40 aniversario de aquella ley, el cardenal Zuppi declaró: «Expreso mi decepción con la decisión del Gobierno de cambiar unilateralmente los propósitos y métodos de atribuir el 8 × 1000 perteneciente al Estado. Es una elección que va en contra de la realidad contractual del propio acuerdo, que desvirtúa objetivamente su lógica y funcionamiento, creando una disparidad que perjudica tanto a la Iglesia Católica como a las demás confesiones religiosas que han firmado los acuerdos con el Estado».

La reacción inmediata del gobierno respondió que la enmienda a la ley de 1985 «fue introducida por la mayoría parlamentaria que apoyaba al gobierno de Conte 2», es decir del Movimento Cinque Stelle y el Partido Democrático en 2019, que ofrecía la opción de atribuir el 8 x 1000 al Estado, eligiendo entre 5 posibilidades: hambre en el mundo, desastres naturales, edificios escolares, asistencia a los refugiados o patrimonio cultural. En 2024, el gobierno de Meloni simplemente agregó una sexta posibilidad, a saber, «la recuperación de la adicción a las drogas y otras adicciones patológicas».

La Iglesia Católica es una de las 13 organizaciones religiosas que reciben contribuciones a través de este sistema, junto a la Unión de Iglesias Metodistas y Valdenses, la Unión de Comunidades Judías Italianas o la Unión Budista Italiana. La Iglesia Católica es, con mucho, el mayor receptor de dinero del 8 x 1000, el cual destina a los salarios del clero, mantenimiento de las iglesias y apoyo a proyectos caritativos.

En 2024, la Iglesia Católica recibió 70% de esos fondos, mientras que el Estado ganó 26%. Según el artículo 48 de la ley, se establece que esos fondos se utilizarán «para las necesidades del culto de la población, el sustento del clero, las intervenciones caritativas en favor de la comunidad nacional o de los países del Tercer Mundo».

El problema surge porque algo más del 40% de los contribuyentes señalan una de las 12 casillas del 8 x 1000 y 60% no lo hacen, por lo que esos ingresos se redistribuyen en función de las firmas del 40% que lo marcaron. La ley quiere que no sea así, sino que sea 50% para la Iglesia y 50% para el Estado.

Si resulta de este modo, el dinero que proviene directamente de la elección de los contribuyentes apenas cubriría las necesidades para el sustento del clero, que fueron 403 millones en 2023,  352 millones para las necesidades de obras de culto y pastoral, y 243 millones para obras de caridad.

Hay indicios de que la izquierda impugna repetidamente la asignación del 8 x 1000 a la Iglesia y los radicales siempre tachan la ley como fraudulenta, y promueven su abolición. El cambio en la ley favorece a quienes desean borrar la presencia de la Iglesia en Italia.

Poco se habla de que las obras de caridad de la Iglesia italiana incluyen proyectos de apoyo a las personas adictas a las drogas y otras sustancias. Los obispos se preocupan de que los contribuyentes apoyen los programas de rehabilitación de drogas del Gobierno en lugar de asignar ese dinero a la Iglesia, creando competencia entre los proyectos católicos y estatales.

El cardenal Zuppi aclaró: «Seguimos confiados, verdaderamente confiados, en la solución de la controversia, en cumplimiento de los fines específicos para los que se estableció el mecanismo del 8 x 1000 y que no puede ser modificado excepto por mutuo acuerdo».

El también arzobispo de Bolonia señaló que los críticos de la Iglesia la acusaron de estar excesivamente interesada en el dinero y respondió: «No nos interesa el dinero, nos interesan los pobres».

Matteo Renzi, líder del partido Italia Viva, declaró en las redes sociales: «Quitarle a la Iglesia Católica lo que le corresponde en virtud del concordato y hacerlo porque tal vez uno no está de acuerdo con la posición [de la Conferencia Episcopal] sobre los migrantes es otra jugada obstinada del dúo Meloni-Mantovano», en referencia al secretario del Consejo de Ministros que asiste a la primer ministro.

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