(ZENIT Noticias / Londres, 18.06.2025).- En una medida descrita por los críticos como uno de los cambios legales más radicales en la historia británica reciente, la Cámara de los Comunes votó abrumadoramente el martes 17 de junio a favor de despenalizar el aborto durante los nueve meses de embarazo, incluido el parto. La controvertida enmienda fue aprobada por 379 votos a favor y 137 en contra, alterando drásticamente el panorama legal de la legislación reproductiva en Inglaterra y Gales.

Lo que comenzó como un proyecto de ley sobre delincuencia y policía, respaldado por el gobierno y destinado a combatir los delitos violentos y proteger a las mujeres de ataques con arma blanca, fue superado por una enmienda inesperada presentada por la diputada laborista Tonia Antoniazzi. Esta disposición elimina de hecho todas las sanciones penales al aborto, eliminando los plazos y la supervisión médica para las interrupciones realizadas por la propia embarazada, independientemente de su edad gestacional.

Grupos provida, líderes religiosos y profesionales de la salud denunciaron rápidamente la legislación, advirtiendo de implicaciones legales, éticas y sanitarias sin precedentes. La enmienda se aprobó en tan solo dos horas de debate, un ritmo que dejó atónitos incluso a los parlamentarios más veteranos.

El arzobispo John Sherrington de Liverpool, en representación de los obispos católicos de Inglaterra y Gales, condenó la medida como «profundamente alarmante». Advirtió que dejaría a las mujeres vulnerables expuestas a la coerción y a riesgos médicos, y privaría a los fetos de cualquier protección legal significativa. «Esto no es un avance», declaró. «Es un retroceso en la compasión, la consulta y la atención».

Si bien la Ley del Aborto de 1967 ya permite el aborto legal hasta las 24 semanas en circunstancias generales, la nueva cláusula elimina por completo las consecuencias penales, incluso para los abortos realizados en casa durante los últimos días u horas del embarazo. Las mujeres ya no serían procesadas por usar píldoras abortivas sin supervisión médica, ni siquiera en casos de uso indebido o daño.

Los críticos argumentan que la enmienda es una maniobra legislativa: se aprovecha de un proyecto de ley contra el delito diseñado para proteger a las mujeres para impulsar una medida que, paradójicamente, aumenta su vulnerabilidad. Desde la introducción de las «píldoras por correo» durante la pandemia en 2020, las tasas de aborto se han disparado a máximos históricos, con más de 253.000 abortos en Inglaterra y Gales el año pasado. La falta de evaluaciones presenciales ha alimentado la preocupación de que las mujeres se vean obligadas a gestionar abortos en etapas avanzadas sin orientación médica ni apoyo psicológico.

La Dra. Caroline Johnson, diputada conservadora y pediatra, intentó revertir la tendencia proponiendo el regreso a las consultas presenciales obligatorias, una salvaguardia que, según ella, era esencial para proteger a las mujeres de abortos forzados o médicamente peligrosos. Su enmienda fue rechazada.

Lord Alton de Liverpool, par independiente y católico de toda la vida, calificó la aprobación del proyecto de ley como una «transformación precipitada e imprudente» de la antigua ley del aborto. Advirtió que los abortos autogestionados después de las 24 semanas —ahora legalizados de facto— podrían tener graves consecuencias para la salud, especialmente si se eliminan los límites gestacionales sin consulta pública ni consenso médico.

Tonia Antoniazzi defendió su enmienda citando el trauma sufrido por mujeres que previamente se habían enfrentado a investigaciones penales por abortos tardíos realizados en casa. «Ninguna mujer debería ser criminalizada en un momento de desesperación», afirmó.

Pero las encuestas muestran una visión diferente sobre la opinión pública. Una encuesta reciente reveló que solo el 1% de las mujeres apoya el aborto hasta el momento del parto. La gran mayoría —más del 90%— está a favor de restricciones a prácticas como el aborto selectivo por sexo y quiere garantías para las interrupciones tardías del embarazo.

Catherine Robinson, portavoz de Right to Life UK, acusó a los legisladores proaborto de manipular el proyecto de ley para acelerar la aprobación de «un cambio profundo e irreversible en la ley del aborto». Su grupo, junto con otros, se ha comprometido a impugnar la legislación en la Cámara de los Lores.

«Los más vulnerables —los fetos en sus últimas semanas y las madres abandonadas para afrontar estas decisiones solas— son quienes pagarán el precio más alto», declaró Robinson.

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