(ZENIT Noticias / San Salvador, 18.06.2025).- Los obispos de El Salvador publicaron una carta pastoral el 29 de mayo sobre varias políticas del gobierno salvadoreño en materia de educación, salud, economía y derechos humanos con puntos donde la administración del presidente Nayib Bukele requiere mejora.
El documento “Una voz esperanzada clama en el desierto” reconoce avances de algunos aspectos en el país, pero señala también insatisfacciones del pueblo y marcan la necesidad de las autoridades por la búsqueda del bien común sobre sus intereses personales, retomando palabras del Papa León XIV: “Hoy vivimos en un contexto de discordia heridos por el odio, la venganza y los prejuicios, alimentados por un modelo económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”.
Los obispos piden adoptar un “paradigma de unidad, comunión y fraternidad” con el fin de sanar las divisiones que hieren al pueblo salvadoreño y “hacer oír el clamor de los que ven vulnerados sus derechos”. Y avisan que la economía nacional ha olvidado a quienes han perdido sus medios de vida: “Es urgente ofrecer alternativas viables para que puedan sostener a sus familias”.
El presidente Bukele ha recibido aprobación muy alta de los salvadoreños, por encima del 80 y el 90 por ciento. Pero la crisis económica afecta a la clase trabajadora, crecen las deficiencias en el sistema educativo, falla la salud pública y su política de seguridad tiene lagunas. Los obispos reconocen que las grandes bandas criminales o maras han perdido fuerza y el país es más seguro, pero la paz no durará solo con la represión, sino con mayor acceso a la educación y el desarrollo humano integral.
El episcopado menciona que el 10% de los 85.000 pandilleros arrestados por el gobierno de Bukele pueden estar acusados y arrestados erróneamente, y cada caso necesita revisión objetiva para que los inocentes sean liberados.
Frente a la mejora en la infraestructura de escuelas y hospitales, hay centralización del sistema educativo y desigualdad en el acceso a la atención médica. Falta calidad en hospitales y clínicas, esencial para garantizar el bienestar físico y emocional de la población “tan abnegada y sufrida”.
Reportan que las zonas históricamente más afectadas por la violencia piden mayor atención: “La pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, la violencia, el odio de clases y, por ende, a la criminalización”.
Los obispos resaltan que los migrantes “no son delincuentes ni criminales, sino personas que buscan una vida mejor”. Las autoridades no ayudan promoviendo las cárceles de El Salvador para víctimas de políticas antiinmigrantes como el gobierno Estados Unidos, reclamando una política migratoria más acogedora con “fronteras abiertas e inserción de los migrantes en la economía como mano de obra”.
Hay crisis ambiental en El Salvador y los obispos sugieren “apostar por la reforestación, la limpieza y recuperación de los ríos, lagos y ojos de agua”. Avisan el daño irreversible que la explotación irresponsable de los recursos naturales podría causar al país, como estableció la ley de minería de 2024.
El padre jesuita José María Tojeira, nacido en España, declaró al informativo Crux, que meses atrás la Iglesia reunió miles de firmas en contra de la aprobación de la minería metálica en el país. El gobierno nunca respondió. «Unas 150.000 personas firmaron el documento. El gobierno ignoró totalmente a los obispos. Creo que ese caso contribuyó a la postura actual del episcopado»
El documento de los obispos propone dar prioridad a la agricultura, porque el aumento del salario mínimo es insuficiente para los campesinos, responsables de la producción del alimento básico del país, que “tienen derecho a un salario mínimo más alto o al menos igual que el del sector urbano”.
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