(ZENIT Noticias / Roma, 10.07.2025).- Se ha producido un cambio histórico en el panorama religioso y legal estadounidense. Por primera vez desde la era de Eisenhower, las iglesias en Estados Unidos pueden respaldar públicamente a candidatos políticos sin poner en riesgo su exención de impuestos, tras un acuerdo aprobado por el tribunal con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) el 7 de julio. Sin embargo, mientras una puerta se abre para las instituciones religiosas, otra permanece firmemente cerrada, no por ley, sino por prudencia eclesiástica.

El fallo, surgido de una batalla legal iniciada en 2024 por las iglesias con sede en Texas y la National Religious Broadcasters (NRB), suaviza efectivamente la aplicación de la llamada Enmienda Johnson de 1954. Esta disposición prohibía a las organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3), incluidos los grupos religiosos, apoyar u oponerse a candidatos a cargos públicos. Ahora, según los términos del acuerdo, las comunicaciones internas entre el clero y sus congregaciones, especialmente las realizadas en el contexto de servicios religiosos, ya no se consideran violaciones de la prohibición.

El IRS admitió ante el tribunal que su aplicación previa de la norma había sido desigual y, en algunos casos, constitucionalmente problemática. En su presentación conjunta, ambas partes acordaron que los sermones y los mensajes religiosos internos no deben equipararse con actividades de campaña, comparando dichos intercambios con conversaciones familiares privadas en lugar de mítines políticos. La rápida aceptación del acuerdo por parte del tribunal subraya un cambio más amplio en la forma en que se considera la expresión religiosa en la legislación estadounidense: menos como un caso especial y más como un derecho a ser protegido en lugar de ser examinado.

Los defensores de la libertad religiosa celebraron el resultado, considerándolo muy esperado. Erik Stanley, asesor legal sénior de Alliance Defending Freedom, describió la política anterior como una forma de censura gubernamental que presumía erróneamente que las iglesias debían intercambiar sus libertades constitucionales por beneficios fiscales. «El IRS no tiene por qué dictar lo que un pastor puede predicar», había argumentado Stanley durante mucho tiempo.

Pero a pesar de la celebración entre algunos medios religiosos y grupos evangélicos, la mayor organización religiosa de Estados Unidos está adoptando un enfoque muy diferente.

El mismo día en que se tomó la decisión, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitió una declaración clara y mesurada: la Iglesia no respaldará a candidatos políticos, independientemente de las nuevas libertades para hacerlo. «Esto no cambia la forma en que la Iglesia Católica participa en el discurso público», declaró Chieko Noguchi, directora de asuntos públicos de los obispos. «Nuestro objetivo es ayudar a los católicos a formar su conciencia a la luz del Evangelio, no decirles por quién votar».

Esta postura refleja no solo restricciones canónicas, sino un instinto más profundo. La Iglesia Católica, señala la historiadora Susan Hanssen, de la Universidad de Dallas, considera su misión fundamentalmente pastoral, no partidista. Si bien obispos y sacerdotes pueden comentar sobre cuestiones morales y sociales (aborto, eutanasia, matrimonio o educación), lo hacen para esclarecer principios, no para ungir a políticos.

De hecho, el Derecho Canónico prohíbe al clero participar activamente en la política partidista, salvo en circunstancias excepcionales: cuando los derechos de la Iglesia o el bien común se vean directamente amenazados, e incluso entonces, solo con la aprobación episcopal.

“Hoy en día, en Estados Unidos, ningún partido encarna plenamente la doctrina católica”, declaró Christopher Check, presidente de Catholic Answers. “Eso hace que la tarea de formar conciencias sea más urgente, no menos”.

Sin embargo, las implicaciones del cambio del IRS podrían ir más allá de la cuestión inmediata de las aprobaciones. Las instituciones religiosas ahora tienen mayor libertad de expresión, pero esa libertad conlleva una mayor responsabilidad. La decisión del tribunal relega la responsabilidad a las iglesias: no solo de ejercer sus derechos, sino de discernir cómo hacerlo se alinea con su identidad y misión.

Es probable que muchos se mantengan cautelosos. Tras décadas de evitar la atención política por temor a enredos legales, los pastores podrían mostrarse reacios a entrar en el terreno ahora, especialmente en una cultura cada vez más polarizada. El peligro de ser cooptado o incomprendido no ha desaparecido; de hecho, se ha intensificado. Al calmarse la situación, el fallo plantea una pregunta discreta pero contundente para las iglesias: no se trata de «¿Podemos hablar políticamente?», sino de «¿Deberíamos?». Para algunos, esto significará adoptar una nueva audacia. Para otros, como la Iglesia Católica, significará redoblar los esfuerzos para formar ciudadanos, no partidistas.

En definitiva, la decisión afirma que el púlpito no es una plataforma política, pero tampoco un lugar de silencio forzado. Lo que suceda allí ahora no depende del IRS, sino de la sabiduría, la moderación y la valentía de quienes lo respaldan.

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