(ZENIT Noticias / Puerto Moresby, 16.07.2025).- Una enmienda constitucional que proclama a Papúa Nueva Guinea como nación cristiana ha suscitado una profunda preocupación entre los líderes de la Iglesia Católica, quienes advierten que la medida podría erosionar el compromiso fundamental del país con la libertad religiosa.

En una audiencia parlamentaria a principios de julio de 2025, el arzobispo Rochus Tatamai de Rabaul expresó su inquietud por la reciente decisión de integrar el cristianismo directamente en la constitución del país. Si bien reconoció la abrumadora mayoría cristiana del país, el arzobispo cuestionó la conveniencia de transformar la fe personal en una cuestión de identidad estatal.

En marzo, los legisladores aprobaron una enmienda constitucional que añadió una invocación explícita de la Trinidad —Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo— al preámbulo del documento fundacional de la nación. El cristianismo también está consagrado en el Quinto Objetivo Nacional y se reconoce simbólicamente a través de la Biblia, a la que se le ha otorgado el estatus de emblema nacional.

Pero el arzobispo Tatamai advirtió que estos cambios podrían ser contraproducentes, tanto legal como espiritualmente. «¿A qué cristianismo nos referimos?», preguntó, señalando la diversidad denominacional del país. Los católicos representan alrededor del 26% de la población de Papúa Nueva Guinea, según el censo más reciente de 2011, seguidos de los luteranos, los adventistas del séptimo día, los pentecostales y una amplia gama de grupos cristianos independientes.

Tatamai enfatizó que los intentos de legislar la identidad cristiana corren el riesgo de socavar las protecciones constitucionales fundamentales para la libertad de religión y de conciencia. Más que un tecnicismo legal, argumentó, el cambio podría distorsionar tanto la vida cívica como la práctica religiosa. «Podría llegar el día», advirtió, «en que ir a la iglesia se convierta en un acto de cumplimiento legal en lugar de fe».

El líder de la Iglesia también expresó su preocupación por la creciente tendencia política a apropiarse del lenguaje y el simbolismo teológicos sin suficiente discernimiento espiritual. “Los políticos no son teólogos”, dijo sin rodeos, “y se están adentrando en territorio sagrado sin las herramientas para manejarlo responsablemente”.

Los padres fundadores de Papúa Nueva Guinea, recordó, evitaron deliberadamente imponer una religión de Estado, optando en cambio por proteger el pluralismo y preservar una clara frontera entre la fe y el gobierno. Alterar ese equilibrio, argumentó Tatamai, corre el riesgo de desmantelar la visión misma de unidad y respeto sobre la que se construyó el país.

A pesar de estas preocupaciones, el primer ministro James Marape ha defendido abiertamente la enmienda, presentándola como un retorno a las raíces espirituales en lugar de una restricción a la fe. Sin embargo, para muchos dentro y fuera de la Iglesia católica, la medida plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la fe en una democracia y sobre si el cristianismo puede o debe ser incorporado a la legislación.

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