(ZENIT Noticias / Roma, 30.07.2025).- En el mundo de la vida religiosa católica, pocos nombres evocan tanta admiración y reverencia como el de Pedro Arrupe. El jesuita español que dirigió la Compañía de Jesús de 1965 a 1983 era considerado un gigante espiritual: intelectualmente brillante, profundamente piadoso y compasivamente comprometido, especialmente recordado por su atención a las víctimas de la bomba atómica en Hiroshima. Su legado inspiró a innumerables jóvenes a unirse a la Compañía, y en 2019 la Iglesia abrió oficialmente su causa de canonización.

Pero nuevas revelaciones derivadas de un caso civil en Luisiana obligan a la Iglesia a afrontar un panorama más complejo del liderazgo de Arrupe. En el centro de la controversia se encuentra Donald Barkley Dickerson, un exsacerdote jesuita cuyo nombre ahora aparece en la lista pública de la Compañía de abusadores sexuales con acusaciones creíbles. Los documentos legales revelan que, ya en 1977, Arrupe fue informado —por uno de sus principales líderes provinciales— de que Dickerson había sido acusado de conducta sexual inapropiada con menores.

Y, sin embargo, Dickerson finalmente fue ordenado.

La advertencia llegó en una carta enviada directamente a Arrupe por el padre Thomas Stahel, el entonces provincial que supervisaba las comunidades jesuitas en el sur de Estados Unidos. Stahel escribió que Dickerson tenía un historial preocupante, que incluía conductas sexuales previas con dos estudiantes de secundaria y, más recientemente, había tenido insinuaciones inapropiadas hacia un joven de 14 años durante un retiro. Stahel fue inequívoco: «No creo que podamos, en conciencia, presentar a Dickerson como listo para la ordenación».

La carta, encontrada entre los registros de archivo que ahora se presentan ante el tribunal, forma parte de una acción legal más amplia interpuesta en junio de 2024 por un hombre que alega que Dickerson lo violó en 1984 cuando era un estudiante de primer año de 17 años en la Universidad Loyola de Nueva Orleans, una institución jesuita. El caso ha reavivado las difíciles preguntas sobre cómo Arrupe, un hombre tan a menudo elogiado por su valentía moral, gestionó las advertencias sobre clérigos abusivos bajo su supervisión.

También plantea serias preocupaciones sobre los procesos dentro de las órdenes religiosas en aquel entonces. En lugar de remitir el caso a las autoridades civiles, los jesuitas enviaron a Dickerson a tratamiento psiquiátrico y posteriormente procedieron, a pesar de múltiples acusaciones documentadas, con su ordenación. Cartas internas revelan que Dickerson fue descrito como alguien que luchaba con comportamientos inapropiados cuando se encontraba bajo estrés, y que sus allegados creían que intentaba cambiar. La decisión de retrasar, pero no cancelar, su ordenación reflejó un peligroso patrón de confianza infundada y silenciosa esperanza en la rehabilitación; patrones que la Iglesia ahora admite públicamente que fueron graves errores.

En los años siguientes, Dickerson continuó sirviendo en escuelas y parroquias. Finalmente, fue expulsado de la orden jesuita tras la aparición de una serie de nuevas acusaciones en 1986. Para entonces, se habían presentado al menos siete denuncias creíbles. Más tarde vendrían más. El hombre que presentó la demanda en 2024 dijo que Dickerson lo invitó a comidas comunitarias con sacerdotes, preparándolo con el pretexto de atención pastoral antes de iniciar un abuso que, según la demanda, escaló a violación.

El caso no solo implica fallas institucionales a múltiples niveles, sino que obliga a reflexionar sobre cómo la Iglesia recuerda a sus venerados líderes. La participación de Arrupe pudo haberse limitado a la correspondencia, y la documentación que se conserva no indica si aprobó la ordenación en contra de su consejo o si simplemente la delegó a otros. Pero su nombre está ahora inextricablemente ligado a una decisión que tuvo consecuencias duraderas para las víctimas.

En una declaración jurada de este junio, el padre John Armstrong, jesuita que trabajó cerca de Dickerson, admitió que la gestión del caso fue profundamente deficiente. «Fue horrible que se manejara de esa manera», declaró bajo juramento. «Me siento terrible por las víctimas. No entiendo cómo, después del primer incidente, se le permitió continuar».

Las revelaciones llegan en un momento en que el papa León XIV ha reiterado la postura de tolerancia cero de la Iglesia ante el abuso, advirtiendo a obispos y líderes religiosos no solo contra la explotación sexual, sino también contra el abuso de poder, de conciencia y de confianza en general. En su discurso ante la Comisión Pontificia para la Protección de Menores en junio, enfatizó que la credibilidad no se construye con palabras, sino con acciones transparentes.

Es precisamente esta credibilidad la que ahora está bajo presión. Mientras la causa de canonización de Arrupe continúa, impulsada por la admiración por su visión profética y profundidad espiritual, su gestión del caso de Dickerson plantea preguntas dolorosas. ¿Pueden coexistir la santidad y el fracaso administrativo en un candidato a la santidad? ¿Puede el silencio o la inacción de un líder, ya sea por falta de claridad, confianza en los demás o la cultura institucional de su época, socavar su santidad?

La Iglesia Católica ha implementado reformas significativas en las últimas dos décadas. Los obispos y superiores ahora están obligados a reportar acusaciones creíbles a las autoridades. La capacitación en protección es obligatoria en la mayoría de las diócesis. Sin embargo, estos cambios no pueden reescribir el pasado. Solo pueden aclarar sus lecciones.

Para muchas víctimas, la sanación comienza con la verdad, no solo sobre los abusadores, sino también sobre quienes les permitieron persistir. El legado de Pedro Arrupe siempre llevará la luz de Hiroshima, donde estuvo junto a los heridos. Pero ahora, en un tribunal de Luisiana, su nombre aparece junto a un sufrimiento diferente: uno nacido no de la guerra, sino de la traición. La Iglesia debe ahora decidir cómo reconciliar ambos.

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