(ZENIT Noticias – TerraSantaNet / Tel Aviv, 04.08.2025).- El 23 de julio, la Knéset, el parlamento israelí, votó una moción no vinculante que solicita la anexión de Cisjordania (Palestina), un acto simbólico que unió a los partidos de la fragmentada coalición gobernante de derecha. La moción, aprobada con 71 votos a favor y 13 en contra (de un total de 120 miembros), afirma que Cisjordania es «parte inseparable de la Tierra de Israel, la patria histórica, cultural y espiritual del pueblo judío» y reafirma que Israel «tiene el derecho natural, histórico y legal a todos los territorios de la Tierra de Israel».
La moción insta al gobierno a «aplicar la soberanía, la ley, la jurisdicción y la administración israelíes» sobre todas las zonas de asentamiento judío en lo que Israel denomina Judea y Samaria, es decir, Cisjordania (Palestina), incluido el Valle del Jordán. La resolución fue promovida por los representantes Simcha Rothman (Sionismo Religioso), Dan Illouz (Likud) y Oded Forer (Yisrael Beiteinu), representantes de partidos de derecha y nacionalistas.
La moción no tiene efecto legal inmediato, pero representa una señal política significativa y un paso más hacia una posible anexión formal de parte o la totalidad de los territorios ocupados en 1967. Israel arrebató Cisjordania al Reino Hachemita de Jordania durante la Guerra de los Seis Días y posteriormente fomentó el establecimiento de asentamientos que albergan a más de medio millón de israelíes, en comparación con los aproximadamente tres millones de palestinos que viven en la región bajo ocupación militar.
Gran parte de la comunidad internacional considera esta ocupación una violación del derecho internacional, y los asentamientos judíos construidos en los territorios ocupados están clasificados como ilegales según el Cuarto Convenio de Ginebra y diversas resoluciones de la ONU, incluidas la 242 (1967), la 338 (1973) y la 2334 (2016). Israel, sin embargo, cuestiona estas posiciones, sosteniendo que los territorios en cuestión son una parte histórica y legítima de la «patria judía».
La votación se produce en un momento políticamente delicado para el gobierno de Netanyahu, que lidia con graves tensiones internas. El mismo día de la votación, los diputados del Likud destituyeron a Yuli Edelstein de la jefatura del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, sustituyéndolo por Boaz Bismuth, cercano al primer ministro y defensor de una nueva ley que obliga a los judíos ultraortodoxos a servir en el ejército. Los partidos ultraortodoxos, que habían abandonado la coalición debido a claros desacuerdos sobre la ley, votaron a pesar de ello a favor de la moción de anexión, uniéndose al Likud y a otros partidos de derecha. Es evidente que se trataba de una medida destinada a reagrupar a la derecha nacionalista en torno a una cuestión de identidad. Yisrael Beitenu, el partido de oposición laico y nacionalista, también apoyó la propuesta. Solo los partidos árabes y la izquierda votaron en contra. Los principales partidos centristas de la oposición, Yesh Atid y Azul y Blanco, abandonaron la cámara, distanciándose así de la creciente polarización. «La anexión de Judea y Samaria es una amenaza directa para el futuro del Estado de Israel y el proyecto sionista», comentó el diputado Gilad Kariv en X. Según el demócrata, la moción sirve para generar controversia y distraer a la opinión pública de la crisis de rehenes que Hamás aún mantiene en Gaza, así como de la controvertida ley de reclutamiento militar para los haredim.
La reacción de los países árabes y varias organizaciones internacionales fue inmediata y dura. Una docena de países —Arabia Saudita, Baréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Indonesia, Nigeria, Catar, Turquía y la Autoridad Nacional Palestina—, junto con la Liga de los Estados Árabes y la Organización para la Cooperación Islámica, publicaron una declaración conjunta condenando la moción de la Knéset.
La declaración calificó la resolución israelí de «violación flagrante e inaceptable del derecho internacional» y «violación flagrante de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU». Los firmantes reiteran que Israel «no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado», incluyendo Jerusalén Oriental y todas las zonas ocupadas desde 1967.
Según los países firmantes, la decisión de la Knéset carece de fuerza legal y no puede modificar en modo alguno el estatus legal de Cisjordania. Advirtieron que este acto unilateral solo avivará las tensiones en la región, ya gravemente afectada por la guerra en Gaza y la actual crisis humanitaria.
La declaración conjunta de los países árabes e islámicos concluye con un llamamiento a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que «asuma sus responsabilidades legales y morales» y actúe para detener las políticas israelíes que buscan imponer el Estado de facto por la fuerza.
Además, los firmantes exigen el reconocimiento del Estado palestino dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, de acuerdo con la denominada Iniciativa de Paz Árabe.
La votación de la Knéset, si bien no tiene efectos inmediatos, representa un paso más hacia la consolidación de la ocupación israelí de los Territorios Palestinos. Pero también parece ser una clara señal política: la solución de dos Estados, apoyada por la mayor parte de la comunidad internacional, está cada vez más lejos.
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