(ZENIT Noticias / Durg, India, 04.08.2025).- El arresto de dos monjas católicas en el centro de la India ha trascendido considerablemente los límites de una estación de tren en Chhattisgarh, abriendo un debate nacional sobre la libertad religiosa, los derechos de las minorías y el volátil papel del nacionalismo hindú en el panorama político del país.

A primera vista, los sucesos del 25 de julio en Durg podrían parecer simples: dos monjas de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada —la Hermana Vandana Francis y la Hermana Preeti Mary— se encontraban con tres jóvenes que, según se informa, viajaban con la intención de trabajar en un hospital católico en Agra. Las jóvenes, miembros de la Iglesia Protestante del Sur de la India, iban acompañadas por un acompañante masculino y todas contaban con el consentimiento de sus padres para el viaje. Sin embargo, en el clima actual de la India, un encuentro rutinario se convirtió rápidamente en la chispa de una polémica política y religiosa.

Una multitud, supuestamente liderada por miembros de Bajrang Dal, un grupo militante nacionalista hindú, se abalanzó sobre el grupo. Llovieron las acusaciones. Las monjas fueron acusadas de intentar conversiones forzadas, una acusación polémica en India, donde la «conversión» suele generar temores de coerción, incluso sin pruebas. La policía, en lugar de calmar las tensiones, respondió arrestando a las monjas y al joven, acusándolos de trata de personas y conversión religiosa forzada, delitos que pueden conllevar penas de hasta 10 años de prisión. Las mujeres fueron enviadas a un refugio. Los videos del incidente muestran interrogatorios agresivos y amenazas, con al menos un miembro del Bajrang Dal grabado en cámara diciéndoles a las monjas: «Si no hablan, les parto la cara».

El incidente podría haber quedado como uno de los muchos casos no denunciados que involucran a las minorías religiosas de la India. Pero no fue así.

Desde el momento en que se conoció la noticia de los arrestos, la Iglesia respondió con rapidez y firmeza. La Conferencia Episcopal Católica de la India emitió una enérgica condena, denunciando lo que describió como un patrón creciente de acoso y acusaciones falsas contra las religiosas. Los líderes de la iglesia enfatizaron que las tres mujeres eran mayores de edad, contaban con el permiso de sus padres y habían decidido libremente viajar a Agra por motivos de trabajo. Además, lejos de convertir a nadie, las hermanas ni siquiera se relacionaban con no cristianos.

Sin embargo, lo que convirtió una controversia local en un escándalo nacional fue la respuesta política. Rahul Gandhi, líder de la oposición en el parlamento indio, calificó los arrestos como un síntoma de un «gobierno de masas» más amplio bajo el gobierno del Partido Bharatiya Janata (BJP). Acusó al BJP y a su grupo ideológico matriz, el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), de persecución sistemática de las minorías. Otros se unieron a él: líderes del Partido Comunista de la India, el Frente Democrático de Izquierda y el Frente Democrático Unido condenaron los arrestos y organizaron protestas públicas.

En Kerala, el estado sureño de donde provienen ambas monjas y donde el cristianismo ha florecido durante mucho tiempo, la reacción fue rápida y feroz. Legisladores marcharon en la asamblea estatal con pancartas exigiendo protección para las minorías. El ministro principal, Pinarayi Vijayan, miembro del Partido Comunista de la India (Marxista), envió una carta formal al primer ministro Narendra Modi exigiendo la liberación inmediata de las hermanas. El apoyo provino no solo de la izquierda, sino también de bloques políticos más centristas, una inusual muestra de solidaridad interpartidaria.

Before their arrest, the Catholic nuns were illegally detained, harassed, and humiliated by Bajrang Dal’s Jyoti Sharma and her team, all in full view of the police, who stood by in silence.

Is this democracy or mobocracy?

— Anti Christian Tracker Watch – ACT India

¿Por qué este incidente y por qué ahora?

El clima político y religioso de la India ayuda a explicar la repentina atención pública. El país, con más de 1.400 millones de habitantes, es mayoritariamente hindú (alrededor del 80%), y los cristianos constituyen una pequeña minoría del 2,3%. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento de la polarización religiosa, especialmente a medida que el BJP ha promovido una visión de la India basada en el «hindutva», un tipo de nacionalismo cultural arraigado en la identidad hindú. Las leyes contra las conversiones religiosas, promovidas en varios estados liderados por el BJP, han sido criticadas por permitir la violencia callejera y facilitar los ataques contra minorías religiosas con el pretexto de proteger los valores tradicionales.

Esta dinámica se ha vuelto más tensa desde las elecciones nacionales de 2024. Si bien Modi consiguió un tercer mandato como primer ministro, el BJP perdió su mayoría parlamentaria y ahora gobierna en una frágil coalición. Este cambio ha envalentonado a los partidos de la oposición a contrarrestar las políticas y narrativas que, según ellos, están erosionando el pluralismo de la India. Para ellos, el incidente de Durg no es un caso aislado, sino parte de una trayectoria peligrosa.

Y, de hecho, existen precedentes. En 2021, dos monjas y dos novicias fueron detenidas en un episodio similar en una estación de tren de Jhansi. En ese caso, la policía concluyó rápidamente que las acusaciones eran infundadas y liberó al grupo. Pero en Durg, los cargos son mucho más graves, y las hermanas permanecían detenidas a principios de agosto.

En medio de todo esto se encuentra la Iglesia. Deseosos de defender su causa y evitar una mayor politización, los líderes católicos exigen el debido proceso, transparencia y, sobre todo, moderación. Su postura es clara: no se trata de política ni de poder, sino de la dignidad de las personas —especialmente de las religiosas— que sirven al país discretamente en escuelas, hospitales y misiones, y que ahora se enfrentan a una creciente hostilidad.

Sin embargo, es incierto si la Iglesia podrá evitar verse arrastrada aún más a la vorágine política. El propio BJP está sintiendo la presión. Con la esperanza de expandirse a estados como Kerala antes de las elecciones legislativas de 2026, el partido se ve obligado a actuar con cautela. En una aparente medida para contener las consecuencias, los líderes del BJP en Kerala se distanciaron de Bajrang Dal, calificándolo de grupo independiente cuyas acciones no reflejan la política oficial. Otros miembros del partido adoptaron una postura más firme, alegando que las hermanas participaban en la trata de personas y que su arresto era necesario para proteger a las mujeres de la explotación.

Pero sin pruebas concretas, y con el escrutinio público intensificándose, el caso Durg se ha convertido en algo más que un asunto legal. Se ha convertido en un asunto moral.

En esencia, este incidente plantea preguntas incómodas: ¿Qué significa ser una minoría religiosa en la India hoy en día? ¿Pueden los actos pacíficos de servicio, considerados durante mucho tiempo un sello distintivo de la vida religiosa católica, interpretarse ahora como subversivos? ¿Y quién define los límites entre la fe, el trabajo y la vida pública?

Por ahora, dos monjas esperan en una celda justicia. Pero en el tribunal más amplio de la conciencia pública, su historia ya ha provocado un ajuste de cuentas que los líderes de la India, tanto políticos como religiosos, ya no pueden ignorar

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