(ZENIT Noticias / Durg, 07.08.2025).- En el corazón del estado indio de Chhattisgarh, dos monjas católicas se encontraron en el centro de una controversia legal y política que ha generado profunda preocupación en el panorama religioso del país. Las hermanas Preethi Mary y Vandana Francis, miembros de las Hermanas de Asís de María Inmaculada, fueron arrestadas el 25 de julio en la estación de tren de Durg mientras acompañaban a cuatro jóvenes adultos —tres mujeres y un hombre indígena— en un viaje a Agra, donde las mujeres debían comenzar a trabajar.

¿Los cargos? Presunta trata de personas y conversión religiosa forzada, acusaciones que desde entonces han sido ampliamente condenadas por infundadas y con motivaciones políticas. Tras pasar más de diez días bajo custodia, las hermanas fueron puestas en libertad bajo fianza, lo que generó una ola de alivio y renovados reclamos de justicia por parte de la comunidad cristiana india.

La Conferencia de Obispos Católicos de la India (CBCI) emitió un comunicado el 2 de agosto expresando su gratitud por la decisión del tribunal y enfatizando las implicaciones más amplias del caso. “Este momento trae esperanza”, escribieron los obispos, “no solo para la comunidad cristiana, sino para todos los que creen en la dignidad y los derechos de las minorías religiosas en nuestra democracia secular”.

El arresto, llevado a cabo por la Policía Ferroviaria, fue recibido con una rápida respuesta negativa. La CBCI, junto con otras organizaciones religiosas, denunció el trato recibido por las hermanas, alegando agresión física y violaciones de procedimiento. Cabe destacar que las jóvenes involucradas —todas mayores de edad— contaban con el consentimiento escrito de sus padres, hecho que se ignoró durante el arresto.

La hermana M. Nirmalini, presidenta de la rama femenina de la Conferencia de Religiosas de la India, calificó el incidente de “impactante y profundamente entristecedor”, criticando a las autoridades por actuar sin verificar los hechos. También reveló que algunas congregaciones han aconsejado a sus miembros que eviten usar hábitos religiosos en público por temor a un mayor acoso.

El momento de los arrestos y la demora en los procedimientos legales —presuntamente influenciados por el gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP)— provocaron protestas en todo el país. Muchos interpretaron el caso como parte de un patrón más amplio de intimidación contra las comunidades cristianas, especialmente en regiones donde las tensiones religiosas se han intensificado.

La declaración de los obispos fue más allá de la gratitud, instando al gobierno a tomar medidas concretas para frenar el aumento de la hostilidad hacia las minorías religiosas. «La solidaridad entre denominaciones ha sido alentadora», señalaron, «pero la protección sistémica es esencial».

Este episodio no es aislado. Refleja una creciente inquietud entre las minorías religiosas de la India, especialmente las católicas, que se ven cada vez más expuestas a un clima de sospecha y escrutinio politizado.

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