(ZENIT Noticias / Odisha, 15.08.2025).- Un brutal asalto en el estado de Odisha, al este de la India, ha vuelto a poner de relieve el agravamiento del clima de intolerancia religiosa en el país. La noche del 6 de agosto, una turba de unas 70 personas —muchas de las cuales se cree que pertenecían al grupo nacionalista hindú Bajrang Dal— tendió una emboscada a dos sacerdotes católicos y a un catequista que regresaban a su parroquia en la ciudad de Jaleswar. Las víctimas, acompañadas por dos monjas, acababan de celebrar una misa en memoria de dos católicos locales fallecidos hace dos años.
Según la Conferencia Episcopal de la India, los atacantes bloquearon el vehículo del grupo, separaron por la fuerza a las monjas —que posteriormente fueron rescatadas por mujeres locales— y detuvieron a los sacerdotes y al catequista. Testigos afirman que los hombres fueron golpeados, acusados de «conversión religiosa» y despojados de sus pertenencias. La motocicleta del catequista fue destrozada y el teléfono del padre Lijo Nirappel fue confiscado. Las autoridades eclesiásticas describen el incidente como una emboscada planificada, no como un arrebato espontáneo. Esta violencia, argumentan los obispos en su declaración del 8 de agosto, forma parte de “un patrón alarmante de hostilidad hacia la minoría cristiana en la India”. La califican de “una flagrante violación de los derechos constitucionales y la dignidad humana” e instan al gobierno de Odisha a procesar con celeridad a los responsables. Los obispos advierten que el aumento de las agresiones multitudinarias amenaza la esencia misma de la coexistencia religiosa en la India.
Estas advertencias no son nuevas. Odisha, donde los cristianos representan tan solo el 2,7% de los 42 millones de habitantes del estado, ha sido durante mucho tiempo un foco de tensión comunitaria. En 2008, el distrito de Kandhamal fue escenario de uno de los peores pogromos anticristianos de la historia moderna de la India: más de 100 cristianos asesinados, 50.000 desplazados, 6.500 viviendas y 395 iglesias o capillas destruidas, además de escuelas, clínicas y centros de servicios sociales. Muchos supervivientes aún viven con miedo, y los procesos judiciales han sido escasos.
Grupos de derechos humanos han señalado que incidentes como el de Jaleswar no son aislados. El Foro Cristiano Unido reportó al menos 40 ataques contra cristianos solo en Odisha en los últimos años. A nivel nacional, cientos de casos similares se registran anualmente, a menudo con acusaciones de conversiones forzadas, especialmente en estados gobernados por el Partido Bharatiya Janata (BJP), que, según los críticos, ha envalentonado a grupos hindúes radicales.
Bajrang Dal, el grupo vinculado al último ataque, es el ala juvenil del Vishva Hindu Parishad (VHP), parte de la red Sangh Parivar que comparte raíces ideológicas con el BJP. Si bien el movimiento insiste en proteger la cultura hindú, sus miembros se han visto implicados en campañas violentas contra musulmanes y cristianos por igual, incluyendo la destrucción de iglesias, la interrupción de servicios religiosos y agresiones al clero.
La Constitución de la India garantiza la libertad de religión; sin embargo, un número creciente de estados han promulgado leyes «anticonversión», que, según los activistas, se utilizan para acosar a las minorías cristianas y musulmanas. Estas leyes suelen imponer la carga de la prueba al acusado y proporcionan un pretexto legal para la violencia por mano propia.
La declaración de los obispos indios, aunque de tono moderado, conlleva una súplica urgente: que el gobierno restablezca el orden, respete las protecciones constitucionales y garantice la seguridad de las minorías religiosas. Para los cristianos de Odisha —una comunidad ya pequeña y vulnerable—, esto es más que una exigencia legal; es una cuestión de supervivencia.
Los observadores internacionales están tomando nota. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha instado repetidamente a Washington a designar a la India como «País de Especial Preocupación», citando el aumento de incidentes de violencia colectiva, discriminación legal e impunidad para los perpetradores. Hasta la fecha, estas recomendaciones han sido ignoradas por las sucesivas administraciones.
En Jaleswar, las heridas sanarán, pero el recuerdo de haber sido perseguidos por su fe no se desvanecerá fácilmente. Para muchos cristianos en la India, la cuestión ya no es si están a salvo, sino si su presencia centenaria en el país puede perdurar en medio de la creciente marea de nacionalismo religioso.
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