(ZENIT Noticias / Buenos Aires, 22.08.2025).- El anuncio de la candidatura del padre Juan Carlos Molina al Congreso argentino ha reavivado una tensión de larga data entre la disciplina católica y la ambición política. A pocas horas de la decisión del sacerdote de encabezar la lista peronista en Santa Cruz, la Diócesis de Río Gallegos emitió un comunicado aclarando que la incursión de Molina en la política electoral fue una «decisión personal» sin el aval de la Iglesia. El comunicado subrayó que durante la campaña —y, de tener éxito, durante todo su mandato— Molina ya no ejercería el ministerio sacerdotal, ni pública ni privadamente.

El rápido distanciamiento refleja más que una medida disciplinaria interna. Revela la sensibilidad de la Iglesia en un país donde la religión y la política a menudo se han solapado, pero donde el derecho canónico establece una frontera clara. El canon 287 prohíbe explícitamente al clero participar activamente en partidos políticos, salvo en casos extraordinarios autorizados por la autoridad eclesiástica. El principio es claro: el sacerdocio y la política partidista deben permanecer como esferas separadas.

Molina, sin embargo, nunca ha sido un párroco convencional. Vinculado desde hace tiempo a la familia Kirchner, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner dirigió la SEDRONAR, la agencia gubernamental encargada de la política de drogas. Allí abogó por un controvertido enfoque de «no criminalización» del consumo y se posicionó como un reformador sin temor a desafiar la ortodoxia, tanto laica como eclesiástica.

Su cercanía al poder político ha generado controversia en la Iglesia. Sin embargo, Molina también ha cultivado vínculos con Roma. En una ocasión se describió como un devoto admirador del papa Francisco, recordando un momento emotivo en Roma cuando, tras rezar ante la tumba de Jorge Bergoglio, recibió un mensaje instándolo a llevar una nota al papa León XIV. Según sus propias palabras, se sintió casi como un mensajero de Francisco, participando en una conversación extensa con el actual pontífice sobre la pobreza, el desempleo, la crisis sanitaria, las luchas indígenas y la polarización política en Argentina. «Es un gran oyente», recordó Molina; «me hablaba con la mirada». Estas anécdotas reflejan la convicción de Molina de que su ministerio y su política son inseparables. Habla con la cadencia de un pastor y la urgencia de un activista, combinando el lenguaje de la fe con una crítica partidista de las desigualdades de Argentina. Sin embargo, esa misma fusión es precisamente lo que el derecho canónico busca evitar. Para la Iglesia, el riesgo es reputacional: cuando un sacerdote entra en el terreno partidista, sus palabras pueden confundirse fácilmente con las de la Iglesia.

El comunicado del obispo Ignacio Medina, quien ahora dirige la diócesis de Río Gallegos, antes presidida por el cardenal Jorge Ignacio García Cuerva, no deja lugar a dudas. Cualquier cosa que Molina diga durante la campaña electoral o, potencialmente, en el Congreso, «no debe entenderse como una expresión de esta diócesis».

El episodio ilustra un desafío más amplio que enfrenta el catolicismo en América Latina. Los clérigos han desempeñado durante mucho tiempo papeles destacados en la vida social y política, desde la teología de la liberación hasta el activismo de base. Sin embargo, la Iglesia institucional sigue siendo cautelosa, temerosa de ser arrastrada a la órbita de la política partidista en un momento en que su propia autoridad moral está en tela de juicio.

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