(ZENIT Noticias / Estrasburgo, 16.09.2025).- Cuando las iglesias de toda Europa cerraron sus puertas durante la pandemia, el silencio entre sus muros se hizo eco de un debate más amplio: ¿podían los gobiernos suspender el culto público en nombre de la salud pública y, de ser así, a qué costa para las libertades fundamentales? Esta pregunta ha llegado una vez más al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero ha quedado sin respuesta.

El 11 de septiembre, el tribunal de Estrasburgo desestimó la apelación del político eslovaco y laico católico Ján Figel, quien argumentó que la prohibición del culto colectivo impuesta por el gobierno en 2021 violaba su libertad religiosa. Figel, excomisario europeo y enviado especial para la libertad de religión o creencias, ha abogado durante mucho tiempo por una mayor protección del culto público. Sin embargo, en esta ocasión, su demanda fue rechazada por motivos de procedimiento: el tribunal dictaminó que no podía ser considerado una «víctima» directa de las restricciones.

La decisión cierra definitivamente el caso de Figel, ya que no es posible apelar. Sin embargo, la cuestión más amplia sigue sin resolverse. El tribunal se abstuvo deliberadamente de pronunciarse sobre si las prohibiciones generales del culto, como las adoptadas por Eslovaquia durante el auge de la COVID-19, estaban legalmente justificadas en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Al hacerlo, dejó abierta una cuestión crucial en la intersección de la política sanitaria, la libertad religiosa y la gobernanza democrática.

Para Figel, quien asiste a misa varias veces por semana, el fallo es más que una decepción personal. En un comunicado emitido a través de ADF International, el grupo de defensa legal que apoyó su caso, advirtió que Europa corre el riesgo de enviar un mensaje equivocado. «El culto no debe tratarse como un privilegio que los gobiernos puedan suspender a voluntad», declaró, lamentando la negativa del tribunal a abordar lo que considera una violación fundamental de derechos.

ADF International, junto con el abogado eslovaco Martin Timcsák, esperaba que el caso sentara un precedente que reconociera el culto religioso como un derecho protegido que no puede ser ignorado ni siquiera en tiempos de emergencia. Adina Portaru, abogada principal de ADF, calificó el fallo como un revés para los creyentes de toda Europa. “El tribunal ignoró pruebas contundentes”, declaró, enfatizando que “el apoyo espiritual es tan vital como la salud física”.

La sentencia pone de relieve una notable laguna: el tribunal de Estrasburgo aún no ha emitido un solo fallo sobre las restricciones impuestas durante la pandemia y la libertad religiosa, a pesar de años de apelaciones y el profundo impacto en las comunidades religiosas. Para muchos líderes y defensores religiosos, la falta de claridad jurídica solo aumenta la incertidumbre sobre el futuro. ¿Podría una nueva crisis provocar otra suspensión generalizada del culto público? ¿O los tribunales finalmente establecerán límites más firmes a las facultades de emergencia de los gobiernos?

ADF International señala otras jurisdicciones donde las impugnaciones legales lograron reabrir iglesias durante la pandemia, como Irlanda, Escocia, Suiza y Uganda. Cada caso, argumentan, confirma que las restricciones pueden equilibrarse con la seguridad sin borrar la dimensión comunitaria de la fe.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, que rige el CEDH, garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión en su artículo 9. Sin embargo, el mismo convenio permite restricciones bajo ciertas condiciones, una tensión que se ha agudizado en la era de las crisis globales. Para creyentes como Figel, la pregunta sin respuesta no es abstracta. Afecta directamente a lo que significa vivir la fe en comunidad, incluso en circunstancias extraordinarias.

Por ahora, Estrasburgo ha optado por el silencio sobre el fondo del asunto. Pero el debate que evitó casi con seguridad volverá, quizás con mayor intensidad, intensidad y mayor peso en juego la próxima vez que se ponga a prueba el equilibrio entre la salud pública y el culto público.

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