(ZENIT Noticias / Tacoma, Washington, 13.11.2025).- El estado de Washington abandonó su controvertido intento de obligar a los sacerdotes católicos y ortodoxos a romper el secreto de confesión, uno de los principios más inviolables del cristianismo. La decisión, anunciada el 10 de octubre, pone fin a un tenso impasse legal que enfrentó a la autoridad gubernamental con siglos de tradición religiosa.

El Proyecto de Ley Senatorial 5375, impulsado por el senador demócrata Noel Frame y promulgado por el gobernador Bob Ferguson en mayo, buscaba obligar al clero a denunciar abusos infantiles, incluso cuando la información se obtuviera durante el sacramento de la confesión. Si bien la ley preservaba la confidencialidad para abogados, consejeros y promotores de adicciones, privaba a los sacerdotes de esta misma protección. Violar la ley podría haber significado penas de cárcel, fuertes multas y responsabilidad civil para cualquier sacerdote que honrara su voto sagrado de silencio.

La reacción fue inmediata e intensa. Los obispos católicos de Washington, junto con las iglesias ortodoxas, interpusieron demandas paralelas en ambos distritos federales del estado, argumentando que la medida atentaba contra la libertad religiosa. Su postura era clara: la confesión no es una conversación, sino un sacramento, un encuentro espiritual entre el penitente y Dios. Ningún estado, argumentaron, tiene derecho a obligar a un sacerdote a traicionar esa sagrada confianza.

Los jueces federales coincidieron. En julio, ambos tribunales bloquearon la ley antes de que entrara en vigor, y en octubre el estado cedió. Mediante acuerdos con el Fondo Becket para la Libertad Religiosa y la Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF), Washington acordó formalmente no aplicar la ley. Esta medida pone fin a meses de creciente presión legal y a una inusual intervención del Departamento de Justicia de EE. UU., que había expresado su preocupación por la violación de las protecciones religiosas federales por parte del estado.

John Bursch, asesor principal de la ADF, describió la resolución como una «restauración de la cordura constitucional». Señaló que Washington había tratado a los sacerdotes con mayor dureza que a otros profesionales que manejan información confidencial. «Ese es un caso clásico de discriminación religiosa», dijo. «La Primera Enmienda no permite al gobierno atacar la fe solo por ser fe».

Mark Rienzi, presidente de Becket, se hizo eco de esta opinión, calificando el acuerdo como «una victoria para la libertad religiosa y el sentido común». Añadió: «Ningún sacerdote debería tener que elegir entre romper sus votos o ir a la cárcel».

Para los líderes católicos del estado, el caso nunca se trató de resistirse a rendir cuentas, sino de preservar la esencia espiritual de su ministerio. El obispo Thomas Daly de Spokane, quien prometió públicamente desafiar la ley si fuera necesario, expresó su alivio de que el gobierno hubiera «dado marcha atrás con un precedente peligroso». Jean Hill, directora ejecutiva de la Conferencia Católica del Estado de Washington, enfatizó que proteger a los niños y salvaguardar el confesionario no son objetivos incompatibles. «Prevenir el abuso y mantener el secreto sagrado no son mutuamente excluyentes; podemos y debemos hacer ambas cosas», afirmó.

Los líderes ortodoxos, que presentaron su propia demanda bajo el título Iglesia Ortodoxa en América contra Ferguson, expresaron un alivio similar. Su equipo legal argumentó que obligar a los sacerdotes a revelar las confesiones no solo violaría la ley religiosa, sino que también alejaría a los creyentes del arrepentimiento y la reconciliación. La Primera Enmienda, sostuvieron, existe precisamente para evitar ese exceso de poder gubernamental.

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