(ZENIT Noticias / Roma, 18.11.2025).- El segundo Informe Anual del Vaticano sobre Políticas y Procedimientos para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, presentado el 16 de octubre, marca un cambio decisivo en el largo y doloroso camino de la Iglesia Católica hacia la rendición de cuentas. El documento, publicado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, se presenta como un manual práctico diseñado no solo como un conjunto de instrucciones, sino como una guía moral que abarca desde la escucha a los sobrevivientes hasta la oferta de reparaciones materiales, psicológicas y espirituales.
El informe se centra en la noción de «escucha informada», un principio arraigado en la experiencia de los propios sobrevivientes. La Comisión lo describe como el punto de partida de un proceso más amplio que incluye el acceso a la información de los casos, la asistencia financiera para la atención médica y psicológica, y el reconocimiento público y transparente del daño sufrido. En su presentación, el arzobispo Thibault Verny, nombrado presidente de la Comisión por el Papa León XIV en julio, describió el esfuerzo de la Iglesia como una «peregrinación perpetua» de conversión y reforma, un reconocimiento de que la protección no es una política que se alcance de una vez por todas, sino una misión que nunca debe cesar.
Este segundo informe se basa en la estructura de la edición inaugural del año pasado, pero va más allá, tanto en alcance como en tono. Elaborado mediante consultas con grupos de sobrevivientes de cuatro continentes, así como con organizaciones no eclesiales, expone lagunas persistentes: la ausencia de estructuras claras para la presentación de informes, la desigualdad de los procedimientos entre las diócesis y la persistente sensación entre muchos sobrevivientes de que la Iglesia aún tiene dificultades para escucharlos verdaderamente.
La primera sección se centra en las medidas restaurativas. Se insta a las comunidades a establecer «espacios seguros» para que los sobrevivientes puedan hablar directamente con los líderes de la Iglesia y los agentes pastorales. El informe insiste en que las reparaciones no se limitan a gestos individuales de compensación, sino que deben involucrar a toda la comunidad en el fomento de lo que el «Dilexit nos» denomina «una cultura de cuidado y respeto mutuos». La Comisión exige declaraciones oficiales de la Iglesia que reconozcan explícitamente las faltas y asuman públicamente la responsabilidad.
El apoyo, según las directrices, debe ser sostenido y multidimensional: asesoramiento profesional, acompañamiento espiritual a largo plazo y ayuda financiera para cubrir los costos tangibles del trauma. El manual también exige sanciones firmes contra quienes cometan, faciliten u oculten abusos, subrayando que las víctimas nunca deben permanecer inseguras sobre la rendición de cuentas.
La transparencia informativa se presenta como un «derecho fundamental» de los sobrevivientes y un elemento esencial para la sanación. Para ello, el informe propone programas de sensibilización para el clero, los religiosos y los fieles laicos, con el objetivo de construir un proceso colectivo de restauración en lugar de gestos aislados de remordimiento.
Una sección particularmente contundente del informe recomienda simplificar el procedimiento para la destitución de obispos y superiores que, por acción o negligencia, contribuyeron a agravar el daño. También exige la comunicación pública clara de los motivos de las expulsiones y una evaluación independiente del progreso de las Iglesias locales en la implementación de las medidas de protección. Una innovación propuesta es la creación de una red académica global que conecte a universidades católicas especializadas en derechos humanos, protección infantil y derecho canónico, para recopilar y analizar datos fiables en todas las regiones.
La Comisión también aboga por un «mecanismo de denuncia sistemático y obligatorio» que pueda utilizarse de manera uniforme en todas las diócesis e instituciones eclesiásticas, como respuesta a lo que denomina un continuo «déficit de coherencia» en la gestión de los casos de abuso por parte de la Iglesia. El informe reafirma la importancia de los nuncios apostólicos como actores clave en la supervisión y el apoyo a las Iglesias locales en este ministerio de protección.
En sus evaluaciones por país, el informe destaca ejemplos de progreso, especialmente en Italia, donde la Conferencia Episcopal ha desarrollado un sistema multinivel de servicios de protección diocesanos e interdiocesanos, con más de cien centros de escucha. Sin embargo, persisten disparidades, especialmente entre regiones, y la ausencia de una oficina centralizada para la gestión de casos sigue dificultando la coherencia.
A nivel mundial, el panorama es desigual. Si bien las iglesias en partes de Europa, América y Oceanía muestran un compromiso creciente, el informe advierte contra la dependencia excesiva de la compensación financiera como sustituto de una sanación integral. Muchas regiones de África, Asia y América Latina aún carecen de recursos para la atención a largo plazo de los sobrevivientes. No obstante, el documento cita iniciativas locales creativas —desde la práctica de sanación comunitaria Hu Louifi en Tonga hasta la revisión de las directrices de protección en Kenia y la iniciativa de búsqueda de la verdad «Valor para Mirar» en el norte de Italia— como ejemplos de cómo la cultura y la fe pueden converger para enfrentar el abuso.
En la Curia Romana, el informe señala un enfoque interdicasterial en evolución. El Dicasterio para la Evangelización, en particular su sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares, es reconocido por haber ayudado a más de mil jurisdicciones de las Iglesias locales a integrar medidas de protección en su gobernanza diaria.
En sus páginas finales, el informe analiza el progreso de la Iniciativa Memorare, lanzada en 2022 para financiar iniciativas de protección en regiones con escasos recursos del Sur Global. Ya se han firmado veinte acuerdos locales y otros doce están en marcha, apoyando proyectos desde Ruanda hasta Tonga, desde las diócesis de Ciudad de México y Mombasa hasta las provincias eclesiásticas de Chubut, Paraná y Santa Fe en Argentina.
Si el informe del año pasado reflejaba una Iglesia que estaba aprendiendo a afrontar sus heridas, esta nueva edición sugiere que está comenzando a construir estructuras de rendición de cuentas y sanación que van más allá de los casos individuales. Sin embargo, el tono de la Comisión se mantiene sobrio: el camino continúa, y la distancia entre las palabras y los hechos, aunque más estrecha, aún no se ha acortado.
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