(ZENIT Noticias / Santa Cruz de Tenerife, 31.10.2025).- Bajo la bóveda de un edificio de principios del siglo XX, antaño envuelto en el secretismo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cortó la cinta inaugural de la antigua sede de la Logia Masónica Azaña en Santa Cruz de Tenerife. La restauración, financiada íntegramente por el Gobierno español con un coste de tres millones de euros, ha transformado un símbolo decadente de una hermandad prohibida en un sitio de patrimonio público, destinado ahora a convertirse en Museo de la Masonería.

Lo que podría haber sido un acto puramente cultural ha reavivado una de las tensiones más antiguas y persistentes de la vida pública española: la incómoda intersección entre historia nacional, religión y política laica.

El ministro Torres celebró el proyecto como un acto de justicia histórica. En redes sociales, proclamó la reapertura como una recuperación de «la memoria de la masonería y su defensa de la igualdad, la democracia y la educación laica». Sus palabras reflejaban la misión más amplia del Ministerio de la Memoria Democrática, que busca recuperar espacios, documentos y relatos borrados o suprimidos durante las dictaduras españolas del siglo XX.

La historia del templo refleja ese siglo turbulento. Construido a principios del siglo XX por masones locales que se reunían bajo el nombre de Logia Azaña, el edificio neoclásico fue confiscado tras la Guerra Civil Española y entregado a la Falange, el brazo político del régimen franquista. Posteriormente, sirvió como almacén de farmacia militar. Abandonado durante décadas, fue vendido a la ciudad en 2001. Solo en 2022, tras un largo debate político, el gobierno nacional aprobó su restauración.

La ceremonia de reapertura contó con la presencia de autoridades locales y nacionales, así como de representantes de las organizaciones masónicas españolas. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, describió el evento como un acto de renovación cívica. «La ciudad se honra a sí misma reavivando una luz que nunca debió apagarse», declaró, calificando el templo como «una joya arquitectónica y simbólica única en España, y un referente para la arquitectura masónica a nivel mundial».

En un gesto que causó sorpresa en círculos conservadores y religiosos, Bermúdez agradeció públicamente a Jesús Soriano, prefecto del Consejo Supremo del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en España, elogiando los «valores de progreso y libertad de pensamiento» de la fraternidad.

La ceremonia no estuvo exenta de polémica. El padre Juan Manuel Góngora, sacerdote de la Diócesis de Almería y figura destacada en las redes sociales, criticó duramente el proyecto. «Gracias, ministro Torres», escribió, «por demostrar tan abiertamente que el tan pregonado laicismo en España equivale a financiar una logia masónica con dinero público en una ciudad llamada Santa Cruz».

Su reacción refleja una preocupación arraigada en los círculos católicos sobre la incompatibilidad doctrinal de la Iglesia con la masonería, una tensión que ha perdurado durante casi tres siglos. En noviembre de 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano reafirmó la prohibición de la Iglesia sobre la pertenencia a asociaciones masónicas, citando su «irreconciliabilidad con la doctrina católica».

El derecho canónico aún codifica esta postura. El canon 1374 del Código de Derecho Canónico de 1983 establece que «quien se una a una asociación que conspira contra la Iglesia será castigado con una pena justa», y quienes dirijan o promuevan dichas asociaciones pueden incurrir en entredicho. Si bien el texto actual ya no menciona explícitamente a la masonería, como sí lo hacía el Código de 1917, la interpretación del Vaticano se ha mantenido inalterada.

La isla de Tenerife albergó en su día una de las comunidades masónicas más activas del país, y el propio templo —con sus columnas de inspiración egipcia, sus elaborados símbolos y su imponente fachada— ha fascinado durante mucho tiempo tanto a historiadores como a arquitectos.

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