México: el partido MORENA impulsa ley para coartar libertad de expresión del clero católico

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(ZENIT Noticias / Ciudad de México, 09.11.2025).- Cuando el Congreso mexicano abrió el debate a principios de noviembre de 2025 sobre una propuesta para regular las publicaciones en línea de sacerdotes, pastores y religiosas, pocos anticiparon la controversia que generaría. Sin embargo, la iniciativa, presentada por el legislador de Morena, Arturo Ávila Anaya, se ha convertido rápidamente en un acalorado debate nacional sobre la fe, la libertad y los límites del Estado laico en la era digital.

En el centro de la disputa se encuentra una propuesta de enmienda al Artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Durante décadas, dicho artículo ha prohibido a las instituciones religiosas poseer u operar medios de comunicación. La propuesta de Ávila extiende esta prohibición al mundo virtual, buscando someter las voces religiosas en las redes sociales al mismo escrutinio que antes se aplicaba a la radio y la televisión.

El nuevo párrafo exigiría que todos los ministros u organizaciones religiosas que operen plataformas digitales —desde cuentas de TikTok hasta homilías transmitidas en vivo— acaten las normas establecidas por la nueva Agencia para la Transformación Digital y las Telecomunicaciones, en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Según su autor, el objetivo es garantizar el respeto a los “derechos digitales”, la “neutralidad de la red” y la “prevención del discurso de odio”.

Para los partidarios de Morena, se trata de una modernización necesaria. Argumentan que la ley fue redactada en la era analógica, cuando la neutralidad del Estado se veía amenazada por las licencias de radiodifusión, no por los videos virales. Hoy, cuando las figuras religiosas cuentan con millones de seguidores en línea, el gobierno debe, en su opinión, establecer límites que protejan el pluralismo y eviten el uso indebido de la fe como arma política.

Pero los críticos —y son muchos— ven algo más siniestro. La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) denunció la propuesta como un ataque velado a la libertad de expresión, advirtiendo que sometería a sacerdotes y creyentes a la vigilancia estatal. “Es censura disfrazada de ley”, afirmó Uriel Esqueda, abogado de la organización cívica Actívate.org.mx. “Por primera vez en décadas, los líderes religiosos se convertirían en los únicos ciudadanos cuyo discurso en plataformas digitales estaría sujeto a regulación federal”.

El arzobispo Ramón Castro, presidente de la CEM, intensificó estas preocupaciones al compartir una declaración en línea de «influencers católicos» que calificaba la iniciativa como «una grave violación del derecho internacional». La publicación acusaba al gobierno de instrumentalizar el discurso de la tolerancia para silenciar las opiniones religiosas. «Dicen que se trata de prevenir el odio», decía el mensaje, «pero en realidad se trata de impedir que se escuche la fe».

Quienes defienden la propuesta rechazan tales acusaciones, insistiendo en que su intención no es silenciar, sino estandarizar. Señalan la inclusión de principios digitales progresistas —accesibilidad para personas con discapacidad, promoción del patrimonio cultural y supervisión de los algoritmos para evitar la discriminación— como prueba de un enfoque equilibrado. También destacan que el proyecto de ley prohíbe explícitamente el proselitismo político y la discriminación por parte de figuras religiosas, lo que, según afirman, fortalece el carácter laico del Estado.

Aun así, el fantasma del control gubernamental sobre sermones, oraciones o comentarios religiosos ha generado una profunda inquietud. Organizaciones de la sociedad civil han lanzado campañas de recolección de firmas para bloquear la iniciativa, reuniendo decenas de miles de firmas y advirtiendo que México corre el riesgo de retroceder a una época en la que los sacerdotes podían ser castigados por hablar públicamente sobre temas morales o sociales.

La controversia toca una fibra sensible en la psique nacional mexicana. El compromiso del país con la laicidad, la estricta separación entre Iglesia y Estado, sigue siendo uno de sus principios fundamentales, pero también lo es la libertad de conciencia. Internet, un espacio donde ambas convergen, es ahora la nueva frontera de esa lucha.

Independientemente de si el proyecto de ley se aprueba o no, ya ha logrado algo: ha obligado a México a afrontar una pregunta incómoda. En un mundo digital donde cada sacerdote es un potencial comunicador y cada creyente un editor, ¿puede el Estado trazar una línea clara entre la fe y la vida pública sin caer en la censura?

Los próximos meses determinarán no solo el destino de la iniciativa, sino también cómo México define la libertad en una era donde la fe se transmite, se tuitea y se comparte en tiempo real.

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