(ZENIT Noticias / Roma, 13.11.2025).- Cuando el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida firmó el Estatuto revisado de la Fraternidad de Comunión y Liberación a principios de otoño, pocos dudaron de que se iniciaba una nueva etapa para uno de los movimientos eclesiales más influyentes nacidos en la Iglesia posconciliar. El documento, aprobado el 8 de septiembre de 2025 y firmado por la Subsecretaria Linda Ghisoni, reestructura la Fraternidad con una firmeza que ha sorprendido incluso a sus miembros más antiguos: se han reconfigurado estructuras conocidas, se han reemplazado prácticas arraigadas y la arquitectura general se inclina ahora inequívocamente hacia una gobernanza más centralizada.

El nuevo Estatuto sustituye al marco promulgado en 2017, considerado por muchos un cuidadoso intento de preservar la sólida identidad participativa característica del carisma del P. Luigi Giussani. Aquella configuración anterior buscaba equilibrar la cohesión global con la profunda vida local de las comunidades del movimiento. El texto actualizado, sin embargo, se aparta de ese modelo, optando por una estructura más uniforme cuyos contornos se definen principalmente en la cúpula.

En el centro de la reforma se encuentra una Asamblea General rediseñada, que ahora se reúne cada cinco años para elegir al Presidente y a los miembros de la Diaconía Central, el órgano que, hasta ahora, combinaba elementos de representación, discernimiento y acompañamiento pastoral. La nueva Diaconía ha abandonado su carácter representativo y ha adoptado un perfil estrictamente jurídico. Está compuesta por un Presidente, quince miembros electos, cinco miembros cooptados y una selección de representantes de entidades eclesiales afines.

Con este cambio, las anteriores asambleas territoriales y los procesos de elección locales han desaparecido. Los llamados «referentes territoriales», que antes se elegían mediante procedimientos diocesanos con amplia consulta entre los miembros locales, ahora serán designados directamente por la Diaconía Central. En muchas comunidades, esto supone un importante cambio cultural: durante décadas, el movimiento confió dicho discernimiento a quienes compartían la vida cotidiana con los candidatos.

Esta concentración de autoridad ha generado preocupación entre varios observadores dentro del propio movimiento. Una carta dirigida a Davide Prosperi, actual presidente de la Fraternidad, cuestiona no solo la versión final del Estatuto, sino también el proceso que condujo a su aprobación. Los autores señalan que los miembros no participaron en el proceso de consulta, una omisión que, según argumentan, contradice los criterios establecidos por el Dicasterio en su decreto de junio de 2021, el cual fomenta revisiones participativas y transparentes en las asociaciones de fieles.

La misma carta argumenta que la eliminación de las estructuras intermedias y locales corre el riesgo de transformar la Fraternidad en lo que denomina una «entidad gestionada verticalmente», lo que podría alejar al movimiento de su espontaneidad carismática original. Otro punto de inquietud es la inclusión de nuevas disposiciones en el Artículo 4, que describen las prácticas espirituales y culturales con mayor detalle que antes. Si bien pretenden brindar claridad, estas prescripciones alteran lo que durante mucho tiempo se había dejado al discernimiento vivido y a la experiencia compartida dentro de los grupos locales.

Quienes apoyan el nuevo Estatuto señalan que la reforma es coherente con el esfuerzo más amplio de la Santa Sede por asegurar que las asociaciones eclesiales cuenten con mandatos definidos, responsabilidades claras y mecanismos para prevenir la gobernanza personalista. Sin embargo, incluso entre quienes celebran una mayor estabilidad, persiste la pregunta: ¿cómo puede un movimiento arraigado en la amistad, el testimonio y el encuentro personal evitar ser reducido a un mero marco administrativo?

Comunión y Liberación no ha sido ajena a las tensiones internas durante la última década. Durante el largo liderazgo del P. Julián Carrón, surgieron desacuerdos entre una minoría de miembros respecto al estilo de liderazgo y la dirección eclesial. Si bien estas disputas no dominaron la vida del movimiento, sí crearon un contexto en el que el llamado del Vaticano a la reforma estatutaria resonó con especial fuerza.

El debate en torno al nuevo Estatuto, por lo tanto, toca un tema más profundo que la logística organizativa. Aborda el dilema perenne que enfrentan muchos movimientos eclesiales en su proceso de maduración: cómo mantenerse fieles a un carisma confiado a la Iglesia operando dentro de estructuras diseñadas para salvaguardar el buen orden. La carta a Prosperi expresa la preocupación de que un enfoque excesivamente gerencial pueda eclipsar la vida misma que pretende proteger.

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