(ZENIT Noticias / Beijing, 10.02.2026).- El organismo oficial de obispos católicos reconocido por el Estado chino se ha adherido públicamente a las nuevas restricciones gubernamentales que prohíben el ejercicio del ministerio pastoral a clérigos no registrados y prohíben las actividades religiosas en lugares no autorizados. Esta medida subraya, una vez más, el frágil y controvertido espacio en el que se desarrolla la vida católica en la República Popular China.

En una declaración publicada el 4 de febrero de 2026 en su sitio web oficial, la Conferencia de Obispos Católicos de la Iglesia Católica en China (BCCCC) expresó su apoyo explícito al Reglamento gubernamental sobre Asuntos Religiosos. Según los obispos, este reglamento atañe a los «intereses vitales» de los creyentes y, por lo tanto, debe ajustarse a lo que describieron como los «intereses nacionales y públicos» del país.

La declaración enmarca la práctica religiosa principalmente como una actividad cívica legalmente regulada. Según el texto, las actividades religiosas son una expresión concreta del derecho de los ciudadanos a la libertad de creencias religiosas, pero deben ejercerse «de conformidad con la ley». Los obispos insisten en que los grupos religiosos están obligados a cumplir con todas las leyes y normas administrativas pertinentes al realizar sus cultos o labores pastorales.

El punto central de la declaración es el Artículo 40 del Reglamento sobre Asuntos Religiosos, piedra angular de la política religiosa del Partido Comunista Chino (PCCh). Este artículo establece que las actividades religiosas colectivas deben celebrarse normalmente en lugares religiosos oficialmente registrados y ser presididas por personal religioso autorizado que cumpla con los requisitos establecidos por el Estado. Las actividades, añade, deben ajustarse no solo a las doctrinas religiosas, sino también a las regulaciones gubernamentales.

La conferencia episcopal profundizó en este punto, enfatizando que el culto colectivo debe celebrarse exclusivamente en lugares registrados y ser dirigido por clérigos certificados e inscritos en el registro estatal. Solo estas personas, enfatiza la declaración, están autorizadas a realizar actividades pastorales. «Ninguna otra persona puede presidir actividades religiosas», afirma el documento, dejando clara la exclusión del clero no registrado.

La declaración también aborda la gobernanza interna de los lugares religiosos. Cada lugar de culto aprobado, señalan los obispos, debe establecer órganos de gestión mediante lo que describen como consulta democrática y debe operar bajo sistemas administrativos sólidos. Estas estructuras, según la declaración, son necesarias no solo para el orden interno, sino también para la seguridad pública, la prevención de incendios y el control de epidemias. En este contexto, la gestión religiosa se entrelaza con las preocupaciones estatales más amplias sobre la seguridad y la estabilidad social.

Si bien las regulaciones permiten cierta flexibilidad, están estrictamente limitadas. Los grupos religiosos pueden realizar actividades en los llamados «lugares temporales», pero solo con la autorización previa de organismos gubernamentales como los departamentos locales de asuntos religiosos. Por lo tanto, incluso los arreglos temporales permanecen bajo la estricta supervisión del Estado.

Este respaldo público se produce en el contexto del tradicional sistema dual de catolicismo en China: una estructura eclesiástica oficial reconocida y controlada por el Estado, y una iglesia clandestina que se mantiene fiel a Roma pero se niega a registrarse. Si bien la Constitución china garantiza formalmente la libertad de religión, las organizaciones internacionales de derechos humanos clasifican sistemáticamente al país entre los entornos más restrictivos del mundo para la práctica religiosa.

Desde que Xi Jinping asumió la presidencia en 2013, el PCCh ha intensificado su supervisión de todas las comunidades religiosas. Un elemento clave de este enfoque es la política conocida como «sinización» de la religión, que busca alinear las creencias, prácticas e instituciones religiosas con los valores socialistas y la identidad nacional china, tal como la define el Partido. En la práctica, esto ha implicado leyes más estrictas, mayor vigilancia y medidas severas contra los grupos religiosos no registrados.

Todas las comunidades religiosas y el clero en China deben registrarse ante organismos aprobados por el estado para operar legalmente. Quienes se niegan a hacerlo suelen enfrentarse a multas, cierres de lugares de culto, detenciones u otras formas de presión. El clero católico clandestino, en particular, ha sido blanco frecuente de estas medidas.

Las consecuencias más amplias de este sistema se reflejan en evaluaciones internacionales. Open Doors, una organización de defensa cristiana con sede en EE. UU., actualmente clasifica a China en el puesto 17 de 50 países donde los cristianos enfrentan las formas más severas de persecución. Si bien esta clasificación abarca múltiples denominaciones cristianas, pone de relieve la persistente tensión entre las promesas constitucionales y la realidad vivida.

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