(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 06.04.2026).- Los Estados miembros están a punto de otorgar más poder al Secretario General, y un grupo de gobiernos ha criticado la falta de negociaciones sobre lo que supondrá un cambio trascendental en el funcionamiento de la ONU. También critican la creciente tendencia a silenciar las opiniones divergentes y a adoptar resoluciones de forma apresurada que no reflejan el consenso de los Estados miembros.

La última semana del mes de marzo, los gobiernos adoptaron una resolución de la ONU destinada a mejorar la creación, la aplicación y la revisión de los mandatos de la ONU, que constituyen la autorización formal y las instrucciones para que los órganos de la ONU lleven a cabo su labor. Esto se enmarca en un proceso de reforma más amplio de la ONU conocido como UN80.

La Federación Rusa, que votó en contra de la resolución, la criticó por reducir los derechos y prerrogativas de los Estados miembros de la ONU y ampliar el poder del Secretario General. “Según la Carta de las Naciones Unidas, el Secretario General no tiene ese papel ni esa función”, dijo el delegado ruso.

Nicaragua también expresó su descontento. “Resulta preocupante que la Secretaría se utilice como filtro o evaluadora de los mandatos pertinentes, una función que corresponde exclusivamente a los órganos intergubernamentales”, manifestaron sus delegados.

La tercera semana de marzo, Rusia introdujo varias enmiendas al texto, incluida una que aclara que «la iniciativa del proceso de revisión de mandatos debe recaer en los Estados, no en el Secretario General».

Noruega bloqueó el examen de las enmiendas mediante una «moción de no acción», una maniobra parlamentaria hasta ahora poco utilizada para eludir la tarea esencial de la Asamblea General, que es el debate y la negociación.

En respuesta, Egipto se pronunció en contra de «la creciente tendencia a silenciar a los Estados miembros mediante mociones de no acción» y afirmó que es «por lo menos profundamente preocupante» y «un proceso antidemocrático, a menudo con motivaciones políticas y utilizado selectivamente para atacar ciertas ideas y delegaciones».

La Unión Europea utilizó el mismo procedimiento de «no acción» durante la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, bloqueando cualquier debate o acción sobre la resolución de Estados Unidos que buscaba definir el género como algo arraigado en la biología.

Varios gobiernos también criticaron el proceso de adopción en términos más generales, señalando que la resolución UN80 eludió el proceso de negociación habitual, en el que los países debaten cuidadosamente el texto, también conocido como «negociación línea por línea».

Rusia declaró: «…siempre será un enigma por qué, durante seis meses, no se asignó tiempo para negociaciones detalladas».

“El debate sobre un tema tan delicado y sistémico debería haberse llevado a cabo en el formato tradicional, transparente y verdaderamente inclusivo de negociaciones detalladas. En otras palabras, estamos a favor de la diplomacia.”

El delegado ruso afirmó que algunas de las reuniones de la UN80 parecían más bien «conferencias» de la ONU y que los gobiernos «no necesitan conferencias… lo que necesitan son negociaciones del texto línea por línea».

Bielorrusia expresó preocupaciones similares, diciendo: «Simplificar el procedimiento y mejorar la eficiencia [de la ONU] no significa que debamos prescindir de consultas transparentes y exhaustivas sobre el texto de un documento con la participación de todos los Estados interesados».

Durante la adopción, Argentina afirmó que la ONU necesita “diagnósticos realistas” y el reconocimiento de que “en los últimos años ciertas agendas se han sobrecargado, generando ineficiencias, duplicaciones y superposiciones de funciones, alejando a la ONU de sus mandatos originales y de las necesidades reales de paz, seguridad y desarrollo de los Estados miembros”.

La elaboración de la resolución estuvo a cargo de un Grupo de Trabajo Especial copresidido por Zambia y Nueva Zelanda. El 1 de mayo de 2026 se creará un nuevo Grupo Especial para “orientar la creación de nuevos mandatos” y “revisar objetivamente el conjunto de miles de mandatos existentes”.

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