(ZENIT Noticias / Roma, 12.04.2026).- El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha decidido archivar la denuncia presentada contra el obispo emérito de Cádiz, Rafael Zornoza, por unos hechos que presuntamente se remontarían a la década de 1990, cuando ejercía como sacerdote en Getafe. La resolución se produce tras varios meses de tramitación en instancias eclesiásticas españolas y en la Santa Sede.

Según fuentes eclesiásticas, la denuncia fue remitida directamente a Roma en el verano de 2025. Tras una primera valoración, el dicasterio consideró oportuno iniciar una investigación preliminar y encargó su desarrollo al ámbito eclesiástico en España. El procedimiento fue asumido por el arzobispado de Sevilla, del que depende la diócesis de Cádiz y Ceuta, y posteriormente trasladado al Tribunal de la Rota.

A mediados de febrero de 2026, el tribunal concluyó esa fase preliminar y elevó un informe en el que se planteaba la conveniencia de abrir un proceso penal canónico. Con la documentación ya en Roma, correspondía al Dicasterio para la Doctrina de la Fe determinar los pasos siguientes, dado que este organismo es el competente en materia de delitos graves dentro de la Iglesia.

La decisión final ha sido el archivo del caso. Aunque no se han hecho públicos todos los detalles del decreto, las informaciones disponibles apuntan a que la resolución se basa en aspectos jurídicos relacionados con la normativa vigente en el momento en que habrían ocurrido los hechos. En concreto, el análisis se ha centrado en la dificultad de determinar con precisión la edad del denunciante en aquel momento, un elemento relevante a la luz del Código de Derecho Canónico de 1983, que fijaba en 16 años el umbral para considerar a una persona menor de edad en este tipo de casos.

La denuncia, sin embargo, sostiene que los hechos habrían comenzado cuando el denunciante tenía 14 años. No obstante, la determinación exacta de esa circunstancia resulta determinante desde el punto de vista jurídico. Además, de acuerdo con la normativa entonces vigente, los posibles delitos de esta naturaleza estaban sujetos a un plazo de prescripción de cinco años, si bien la autoridad eclesiástica puede, en determinados supuestos, levantar esa limitación.

El procedimiento se desarrolló en paralelo a otros acontecimientos en la trayectoria del prelado. En noviembre de 2025, el Papa aceptó su renuncia al frente de la diócesis de Cádiz por motivos de edad, pasando a la condición de obispo emérito. Esa decisión coincidió en el tiempo con la difusión pública de la existencia de la denuncia.

Durante todo el proceso, el obispo ha mantenido su posición de inocencia. Por su parte, la actuación de los organismos eclesiásticos ha seguido las etapas previstas en el derecho canónico: recepción de la denuncia, investigación preliminar, evaluación por el tribunal competente y decisión final del dicasterio en Roma. El archivo del caso cierra, en términos canónicos, el recorrido de este expediente en la Santa Sede.

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