México: el país se confirma como el más peligroso para ser sacerdote

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(ZENIT Noticias / Roma, 22.06.2025).- Robert Royal, director del Faith & Reason Institute en Washington, comenta en su libro “Los mártires del nuevo milenio” que más de 80 sacerdotes han sido asesinados en los últimos 18 años en México, principalmente por la violencia del narcotráfico.

El padre Omar Sotelo, del Centro Católico Multimedial de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, explicó en un foro sobre libertad religiosa, celebrado en Washington el pasado mes de febrero de 2025, que hay «intimidación agresiva y sistemática» hacia los sacerdotes. Y presentó cifras: solo en 2024 se registraron 850 casos de extorsión y amenazas de muerte contra sacerdotes, además de ataques registrados contra 26 iglesias en todo el país.

Fue notoria la desaparición del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, de 78 años, en febrero de 2024 y desaparecido por 48 horas. Fue hallado en un hospital de Cuernavaca, visiblemente afectado, maltratado y drogado por desconocidos según medios del Estado de Guerrero. Trabajó durante su ministerio por entablar negociaciones directas con los cárteles, buscando bajar el derramamiento de sangre, quien comentó cuando ejercía de obispo: «Asumo las tareas que el gobierno no quiere enfrentar».

El mes de abril de 2025 fue secuestrado el padre Jesús Yovani Gómez Cruz en el estado de Sinaloa y liberado después, aunque las circunstancias del rapto no se han esclarecido. El obispo de su diócesis en Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, expresó la consternación de la comunidad: «Ante los hechos dolorosos de los últimos días, el secuestro violento del padre Yovani por desconocidos, damos gracias al Señor por su regreso con vida».

Los asesinatos de sacerdotes se extienden por todo el país, como los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en junio de 2022, en Chihuahua, por ofrecer refugio a un hombre perseguido por un capo local; el padre Marcelo Pérez, indígena y defensor de los derechos humanos en Chiapas en octubre de 2024, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que exigió el fin de la «criminalización» del clero; o el secuestro del padre José Filiberto Velázquez Florencio, de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, por dirigir el Centro Minerva Bello en defensa de los derechos de las víctimas de violencia, además de ser atacado a balazos en la sierra.

Con la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, se ha intentado el diálogo del Gobierno con la Iglesia, inexistente con su predecesor, mediante una agenda nacional de paz. En cuaresma, los obispos mexicanos reafirmaron su compromiso de trabajar por la paz y la seguridad: «Ser la voz de los que no tienen voz y contribuir incansablemente a la construcción de un país donde prevalezcan la justicia, la verdad y el respeto absoluto por la dignidad humana».

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