(ZENIT Noticias / Washington, 17.07.2025).- Un creciente coro de sacerdotes católicos en Estados Unidos expresa su preocupación por lo que perciben como una brecha cada vez mayor entre la ley eclesiástica y su implementación, en particular en lo que respecta al trato al clero acusado de mala conducta. La tensión se centra en si el derecho canónico se aplica de manera consistente y justa, o si se elude selectivamente en nombre de la transparencia institucional.

En el centro del asunto se encuentra la Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos (AUSCP), una agrupación nacional de clérigos formada en 2011. Este año, la AUSCP ha tomado la inusual medida de apelar directamente al Vaticano, instando a la Santa Sede a reforzar el cumplimiento del debido proceso y las protecciones canónicas para los sacerdotes. Su solicitud no se presentó como una resistencia a la rendición de cuentas, sino como una súplica de justicia, especialmente para el clero que, según afirman, a menudo es marginado o avergonzado públicamente antes de que se demuestre cualquier irregularidad.

Su reciente informe, distribuido entre los líderes de la Iglesia y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, describe un patrón en el que los sacerdotes acusados son frecuentemente suspendidos, nombrados públicamente o sancionados de alguna otra manera antes de que concluya una investigación, a veces incluso sin suficientes pruebas preliminares. El grupo sostiene que estas acciones no solo violan el espíritu del derecho canónico, sino que infligen daños duraderos a hombres inocentes y erosionan la confianza en la Iglesia.

“No se trata de proteger a los culpables”, dijo el padre Jim Musumeci, uno de los autores del informe. “Se trata de asegurar que los inocentes no sean condenados preventivamente en el proceso”.

Este llamado reaviva un viejo debate sin resolver en círculos católicos: cómo equilibrar el deber de la Iglesia de proteger a los vulnerables con su obligación de garantizar la justicia para los acusados. El derecho canónico afirma la presunción de inocencia, exigiendo que cualquier acción disciplinaria esté precedida por un proceso formal. Sin embargo, el deseo de responder con rapidez y decisión a las denuncias de abuso sexual, especialmente tras los escándalos expuestos por periodistas de investigación y sobrevivientes, ha llevado a algunas diócesis a publicar los nombres de los sacerdotes acusados mucho antes de que finalicen las investigaciones.

Esta práctica fue objeto de un nuevo escrutinio a principios de este año cuando el Dicasterio para los Textos Legislativos del Vaticano advirtió contra la divulgación de nombres a menos que un sacerdote represente un peligro inmediato para otras personas. La carta argumentaba que las acusaciones sin pruebas pueden dañar gravemente la reputación de un clérigo, especialmente cuando los cargos nunca se corroboran o cuando el acusado ha fallecido y no puede responder.

El propio Papa se ha hecho eco de esta opinión. En 2019, Francisco advirtió que la prisa por publicar nombres podría violar tanto el derecho canónico como el natural, afirmando que las listas de sacerdotes acusados solo deben divulgarse después de una investigación exhaustiva y un juicio formal.

Aun así, no todos en la Iglesia están de acuerdo. Terence McKiernan, fundador de BishopAccountability.org, cree que la divulgación pública sigue siendo esencial, tanto para los sobrevivientes que buscan reconocimiento como para que la Iglesia mantenga su credibilidad. «Eliminar estas listas no solo perjudicaría a los sobrevivientes, sino que obstaculizaría la propia sanación de la Iglesia», declaró.

Las acciones recientes de las instituciones eclesiásticas ilustran esta división. Los Legionarios de Cristo revisaron su lista de clérigos acusados en Norteamérica, excluyendo a los miembros sin condena legal. Mientras tanto, el obispo John Brungardt de Kansas se retractó de una lista de presuntos abusadores en su diócesis, citando principios del derecho canónico. Irónicamente, el propio Brungardt fue acusado y posteriormente absuelto de cargos de abuso, lo que pone de relieve cuán delicado y personal se ha vuelto el asunto, incluso para figuras de alto rango de la Iglesia.

Las cifras complican aún más el panorama. Si bien un centro de investigación vinculado a la Universidad de Georgetown informa que más del 80 % de las denuncias de abuso del clero desde 2004 se consideraron creíbles, datos recientes del propio comité de obispos estadounidenses sugieren que casi la mitad de las 902 nuevas denuncias del año pasado eran infundadas o imposibles de probar. Más de un tercio de estos casos siguen sin resolverse, lo que refleja el lento ritmo de las investigaciones eclesiásticas.

Algunos canonistas argumentan que esta ambigüedad refuerza la necesidad de ser cautelosos. “Las medidas administrativas, como la limitación temporal del ministerio, no tienen por objeto ser punitivas”, afirmó el padre Michael Sullivan, abogado canónico. “Pero a menudo se perciben como un castigo, especialmente cuando no se le aclara la distinción al sacerdote involucrado”.

El miedo a las falsas acusaciones es ahora común entre el clero. Un estudio de 2022 de la Universidad Católica de América reveló que el 82 % de los sacerdotes se preocupa por ser acusados falsamente. Aunque estadísticamente son poco frecuentes, las acusaciones falsas son psicológicamente devastadoras y profesionalmente perjudiciales.

La cuestión de la justicia para los acusados ha estado presente durante mucho tiempo en el análisis más amplio de la Iglesia sobre el abuso. Ya en 2004, influyentes pensadores católicos como el sociólogo y sacerdote Andrew Greeley y el cardenal Avery Dulles advirtieron que la presión por la credibilidad institucional podría pisotear los derechos del clero. Dulles, en particular, advirtió contra las medidas de «tolerancia cero» consagradas en la Carta de Dallas de 2002, instando a los obispos a recordar que, aunque protegen a los niños, también deben evitar sacrificar a los inocentes.

Hoy en día, la misma advertencia resuena en un nuevo contexto, ya que grupos como la AUSCP abogan por una reforma, no para defender las malas prácticas, sino para garantizar que la Iglesia no traicione sus propios estándares legales y morales en busca de tranquilidad pública.

El Vaticano, por su parte, parece cada vez más consciente de esta tensión. Su reciente guía pide a los obispos no solo actuar con decisión en respuesta a los abusos, sino también garantizar que dichas acciones se basen en el debido proceso, la transparencia y la moderación. Queda por ver si las diócesis locales atenderán este consejo.

Por ahora, la conversación continúa, una que pone a prueba la capacidad de la Iglesia para considerar la justicia y la misericordia por igual.

Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace.

The post Sacerdotes católicos de USA escriben al Papa pidiendo un justo proceso canónico cuando reciben acusaciones appeared first on ZENIT – Espanol.