(ZENIT Noticias / Washington, 02.08.2025).- Lo que comenzó como una iniciativa humanitaria para albergar a jóvenes vulnerables se ha convertido inesperadamente en un obstáculo para el clero católico y los religiosos que buscan permanecer en Estados Unidos. Una exhaustiva investigación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha revelado un fraude generalizado dentro de un programa de visas diseñado originalmente para proteger a los menores no acompañados. Las consecuencias se sienten mucho más allá de los tribunales de inmigración, impactando profundamente la vida de la Iglesia.

Según un informe publicado el 24 de julio, el USCIS descubrió un uso indebido generalizado del programa de visas para Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ), que permite a ciertos menores indocumentados menores de 21 años solicitar la residencia permanente si han sido víctimas de abuso, abandono o negligencia. Los hallazgos son alarmantes: entre los 300,000 solicitantes de SIJ evaluados entre 2013 y 2024, la mayoría ya tenía más de 18 años, una edad muy superior al umbral habitual para la protección de menores.

Muchos solicitantes, en particular hombres jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras, presuntamente falsificaron sus nombres, edades e incluso nacionalidades. Algunos manipularon el sistema designando a adultos recién llegados —a menudo también indocumentados— como sus tutores legales para cumplir con los requisitos de SIJ. En casos más preocupantes, el USCIS documentó antecedentes penales graves: más de 36,000 encuentros con las autoridades se vincularon a 18,829 solicitantes adultos de SIJ. Estos incluyeron cargos de asesinato, agresión sexual, abuso infantil y vínculos con pandillas violentas. Si bien estas revelaciones son profundamente preocupantes por sí mismas, conllevan consecuencias inesperadas para un grupo completamente diferente: sacerdotes, religiosos y religiosas nacidos en el extranjero, y otros ministros religiosos que dependen del mismo canal de inmigración, la categoría de visa EB-4, para permanecer legalmente en el país.

La categoría EB-4 agrupa a una amplia variedad de «inmigrantes especiales» bajo un mismo paraguas burocrático, incluyendo menores de edad víctimas de abuso y clérigos. Sin embargo, a medida que el número de solicitantes de visas especiales se disparó, especialmente después de que la administración Biden ampliara el acceso al programa en 2023, la categoría alcanzó su cupo de visas mucho antes de lo previsto. Como resultado, los sacerdotes y religiosos que esperan regularizar su estatus legal se han visto atrapados en un cuello de botella administrativo.

Las cifras pintan un panorama desalentador. El tiempo de espera para las visas EB-4, que antes era de alrededor de dos años, se ha disparado a casi seis años. No se emitirán nuevas tarjetas de residencia (Green Card) bajo esta categoría hasta octubre, cuando comienza el próximo año fiscal. Hasta entonces, muchos trabajadores religiosos viven en la incertidumbre, algunos peligrosamente cerca de tener que abandonar el país cuando expiren sus visas religiosas temporales R-1.

Miles de clérigos nacidos en el extranjero sirven en parroquias estadounidenses, muchas de las cuales tienen dificultades para desempeñar funciones pastorales. En algunas diócesis, especialmente en zonas rurales o marginadas, estos sacerdotes y religiosos son esenciales para mantener la vida parroquial. La demora en la tramitación de sus solicitudes de visa amenaza tanto su ministerio como la estabilidad de las comunidades a las que sirven.

Líderes católicos y defensores de la inmigración han dado la voz de alarma. Miguel Naranjo, director de servicios de inmigración religiosa de la Red Católica de Inmigración Legal, calificó el retraso de «devastador». Enfatizó que, si bien es crucial proteger a los menores vulnerables, la integridad del sistema no debe ir en detrimento de los trabajadores religiosos que brindan servicios vitales en educación, atención médica y atención pastoral.

Algunos miembros del Congreso han reconocido la urgencia del asunto. Se ha presentado una legislación bipartidista para extender las visas a los trabajadores religiosos, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos durante este período de estancamiento administrativo. Pero hasta que se apruebe e implemente una solución, el destino de miles de clérigos y religiosos sigue siendo incierto.

La misión espiritual de estos hombres y mujeres —su llamado a servir en hospitales, escuelas, prisiones y parroquias de todo Estados Unidos— está ahora entrelazada con las consecuencias burocráticas de un sistema desbordado por el fraude. Sus esperanzas no solo descansan en su fe, sino en la disposición de los legisladores a actuar con rapidez y justicia.

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