(ZENIT Noticias / Ciudad del Vaticano, 25.09.2025).- El segundo capítulo del juicio financiero más ambicioso del Vaticano se inauguró bajo los frescos del Palacio Apostólico con más dramatismo del esperado. Lo que se suponía sería un inicio normal de la fase de apelación se transformó rápidamente en una prueba de credibilidad para el mismo hombre que dirigió la fiscalía en la primera ronda, el Promotor de Justicia Alessandro Diddi.

Cuatro acusados, incluido el cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien fuera una de las figuras de mayor rango de la Curia, presentaron mociones exigiendo la recusación de Diddi. Su alegación no era un tecnicismo, sino una acusación de que había estado involucrado en intercambios entre bastidores, en particular a través de mensajes de WhatsApp, que difuminaban la línea entre un investigador imparcial y un actor partidista. Lo que está en juego no es solo su reputación, sino también la integridad del proceso mediante el cual el Vaticano espera demostrar su capacidad para impartir justicia frente al escándalo.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones, presidido por el arzobispo Alejandro Arellano Cedillo, tomaron las mociones con la suficiente seriedad como para suspender el procedimiento e invitar a Diddi a presentar una respuesta formal. En un gesto inusual, el propio fiscal reconoció la gravedad de las acusaciones, agradeció a la defensa la oportunidad de aclarar los hechos y abandonó la sala, dejando a su adjunto a cargo del caso.

El juicio, centrado en la desastrosa inversión de 350 millones de libras esterlinas de la Secretaría de Estado en una propiedad londinense, ya ha dado lugar a la condena de nueve figuras, incluyendo a Becciu, quien fue condenado a más de cinco años de prisión por malversación de fondos en diciembre de 2023. Pero si el proceso de apelación está ahora dominado por impugnaciones procesales y acusaciones de mala praxis fiscal, la pregunta más importante cobra mayor relevancia: ¿puede una ciudad-estado que opera como una monarquía absoluta demostrar de forma convincente su adhesión a los principios del debido proceso?

La publicación de miles de páginas de mensajes de WhatsApp y grabaciones de audio no ha hecho más que aumentar la incertidumbre. Sugieren una red de influencias, con intermediarios laicos —en particular Francesca Chaouqui, figura conocida por anteriores escándalos de filtraciones del Vaticano— que supuestamente persuadieron a monseñor Alberto Perlasca, quien fuera sospechoso, para que declarara contra Becciu. Ese drástico giro en 2020 transformó la investigación y, en última instancia, garantizó las condenas. La defensa ahora argumenta que este testimonio estuvo viciado desde el principio.

Para la tercera audiencia, celebrada el 25 de septiembre, el Tribunal de Apelación ya había emitido una decisión parcial: varios recursos presentados por la fiscalía fueron declarados inadmisibles, confirmando así parte de las sentencias absolutorias pronunciadas en el juicio original. Algunos cargos —desde abuso de poder hasta malversación de fondos— fueron desechados definitivamente, mientras que el tribunal dejó claro que en las próximas sesiones se concentraría únicamente en los recursos de la defensa contra las condenas. Para Becciu, cuyo nombre se había visto vinculado no solo a la mala gestión financiera, sino también a cuestiones de lealtad eclesiástica, la victoria parcial bastó para declarar el resultado como una «buena señal», aunque el camino a seguir sigue siendo incierto.

El caso avanza ahora hacia octubre con un alcance reducido, pero con mayores riesgos. El futuro de Diddi pende de un hilo, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo de Casación del Vaticano, presidido por el cardenal Kevin Farrell. Ya sea que continúe en su cargo o se vea obligado a dimitir, la apelación inevitablemente determinará cómo tanto los miembros del Vaticano como la comunidad católica mundial perciben la credibilidad del sistema de justicia de la Santa Sede.

Para una ciudad acostumbrada a los rumores en los pasillos y a los juicios a puerta cerrada, el espectáculo de los abogados defensores ridiculizando abiertamente los documentos de la fiscalía, calificándolos de «ofensivos para nuestra inteligencia» y «una falta de respeto» hacia el tribunal, no tiene precedentes. Cualquiera que sea el veredicto final, el juicio ya ha expuesto a la justicia del Vaticano a un nivel de escrutinio que ha buscado evitar durante mucho tiempo, una exposición de la que puede que no haya vuelta atrás.

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