(ZENIT Noticias / Ciudad de México, 28.09.2025).- El ingreso de la masonería a los salones más emblemáticos del Congreso mexicano no ha pasado desapercibido. Durante cuatro días, del 24 al 27 de septiembre, tanto la antigua sede del Senado en Xicoténcatl como el nuevo edificio de Paseo de la Reforma fueron escenario del XLIII Congreso Nacional de Grados Filosóficos, un encuentro que, además de charlas y rituales internos, significó un gesto político sin precedentes: por primera vez un evento privado de este tipo tuvo autorización para celebrarse en recintos oficiales.
El anfitrión fue el senador Francisco Chíguil, militante de Morena y miembro activo de la masonería, quien encabezó la organización junto con otros legisladores de su partido. A la cita acudieron figuras como la exdirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y se extendieron invitaciones a altas autoridades federales, entre ellas la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La novedad generó polémica inmediata. No solo porque la masonería sigue siendo percibida como sociedad hermética con pasado anticlerical, sino porque la normativa prohíbe lucrar con espacios públicos de representación política. Según reportes difundidos por Televisión Azteca, los asistentes pagaron cuotas que oscilaron entre 2,450 y 6,000 pesos, lo que contrasta con la supuesta gratuidad de este tipo de actividades en instalaciones estatales.
— Senado de México (@senadomexicano)
El contexto acentúa la controversia: apenas en junio de este año se había cancelado en el Senado un foro privado por la misma razón, al considerarse inadecuado comercializar el acceso a recintos legislativos. El contraste, sumado a la carga histórica de la masonería en México, explica la intensidad del debate. No faltan quienes recuerdan que las logias tuvieron un papel decisivo en la política del siglo XIX y que estuvieron vinculadas a la persecución religiosa que desembocó en la Guerra Cristera en México.
Mientras tanto, la Iglesia católica ha reiterado en distintas ocasiones que la masonería es irreconciliable con la fe cristiana. La
La tensión no es solo teológica. En México, el laicismo es bandera recurrente del actual gobierno, y sin embargo en los últimos años se han realizado actos públicos con fuerte carga simbólica, ya sea de carácter religioso o, como ahora, masónico. Ese vaivén entre lo que se proclama y lo que se practica alimenta la percepción de que los límites entre Estado y creencias son cada vez más difusos. Por ejemplo, en la pasada toma de posesión de los nuevos ministros de la Corte Suprema se tuvieron rituales religiosos ceremoniales en los que los nuevos ministros (afines al gobierno de MORENA) estaban de rodillas en un foro público. Lo mismo sucedió en la toma de posesión de la actual presidenta.
El congreso masónico originalmente estaba planeado en Tijuana. Tras el cambio de sede, la masonería mexicana logró algo más que un espacio de encuentro: abrió la puerta de los parlamentos a un grupo históricamente influyente, pero a la vez cuestionado por su secretismo y por la sombra de un pasado conflictivo con la Iglesia.
Lo sucedido en el Senado revela hasta qué punto las logias mantienen vigencia y redes de poder en la política nacional. Y deja abierta una pregunta de fondo: en un país que se define constitucionalmente como laico, ¿qué significa que los templos de la masonería y los del poder legislativo se confundan bajo el mismo techo?
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