(ZENIT Noticias / San José, 04.02.2026).- Costa Rica ha entrado en una nueva etapa política con la elección de Laura Fernández Delgado como presidenta, una victoria que no solo redefine el liderazgo del país, sino que también demuestra la perdurable influencia de los valores religiosos en la vida pública centroamericana.

Fernández se aseguró la presidencia el domingo 1 de febrero de 2026, logrando una victoria en primera vuelta con el 48,3% de los votos, tras el escrutinio del 94% de los colegios electorales, superando ampliamente el umbral necesario para evitar una segunda vuelta. Su rival más cercano reconoció su derrota poco después, allanando el camino para que Fernández se convirtiera en la próxima jefa de Estado.

Casi de inmediato, los obispos católicos de Costa Rica ofrecieron un mensaje formal de felicitación, dirigido tanto a la presidenta electa como a los nuevos diputados. En su declaración, la Conferencia Episcopal enmarcó la elección no solo como el final de un proceso democrático, sino como el inicio de lo que describieron como una misión exigente y de gran trascendencia: gobernar una nación marcada por la diversidad de opiniones, realidades sociales y sensibilidades.

Los obispos instaron a Dios a que le conceda a Fernández sabiduría, prudencia y fortaleza, instando a que sus decisiones se guíen por la justicia, la paz y el respeto a la dignidad humana, en particular a quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. También enfatizaron la urgente necesidad de reconciliación nacional, animando al gobierno entrante a superar las divisiones y fomentar un clima de diálogo y respeto mutuo.

Citando el Salmo 127 —«Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores»—, los prelados reafirmaron su cercanía espiritual a la nueva presidenta y se comprometieron a orar constantemente por ella, los diputados electos y todos aquellos que compartirán la responsabilidad de gobernar el país. Concluyeron invocando la guía del Espíritu Santo al asumir Fernández lo que llamaron una «alta responsabilidad ante la nación».

El ascenso político de Fernández ha sido seguido de cerca tanto a nivel nacional como internacional, en particular por su postura abiertamente provida. Exministra de Planificación y jefa de gabinete del presidente saliente Rodrigo Chaves, se postuló con una plataforma que combinaba crecimiento económico, seguridad pública y conservadurismo moral, un enfoque que tuvo una fuerte acogida entre los votantes costarricenses, religiosos y socialmente tradicionales.

Durante la campaña y a lo largo de su anterior gestión gubernamental, Fernández recalcó repetidamente la protección de la vida no nacida como un pilar central de su visión política. Ha descrito públicamente el aborto como «nada más que asesinato» y ha respaldado iniciativas legislativas para endurecer significativamente las penas.

Según las propuestas apoyadas por Fernández, las penas de prisión para las mujeres que causen o consientan su propio aborto aumentarían de los actuales uno a tres años a entre cuatro y seis años. Para quienes realicen abortos sin el consentimiento de la mujer, las penas podrían aumentar hasta 12 años, en comparación con el máximo actual de 10.

Estas medidas se basan en las políticas introducidas durante la administración del presidente Chaves, cuyo gobierno restringió drásticamente el acceso legal al aborto. Hoy en día, en Costa Rica, el aborto sin penalización solo se permite cuando la vida de la madre corre peligro inminente. Chaves eliminó las interpretaciones más amplias que permitían los abortos por motivos de salud, argumentando que la ley solo debería aplicarse cuando se enfrenta la difícil disyuntiva entre la vida de la madre y la del feto.

Fernández ha defendido constantemente este enfoque, afirmando que proteger a los costarricenses no nacidos es un deber del Estado. Su victoria, sumada a las promesas de campaña de adoptar una postura más dura contra la delincuencia y la violencia relacionada con el narcotráfico, refleja un electorado más amplio que sigue priorizando la seguridad, la estabilidad y la defensa de la vida desde la concepción.

En una videoconferencia con sus simpatizantes reunidos en San José la noche de las elecciones, Fernández agradeció a Chaves por confiarle responsabilidades de liderazgo y aseguró a los votantes que su legado estaba «en buenas manos». Se comprometió a trabajar incansablemente para mantener a Costa Rica en la senda del crecimiento económico, la libertad y lo que llamó «el progreso de nuestro pueblo».

Para la Iglesia Católica, las elecciones representan tanto una oportunidad como un desafío. Si bien las posturas morales de Fernández se alinean estrechamente con la doctrina tradicional de la Iglesia sobre la santidad de la vida, los obispos también han enfatizado la necesidad de una gobernanza inclusiva, que trascienda las divisiones políticas y priorice el bien común por encima de los intereses partidistas.

Cabe destacar que Costa Rica sigue siendo uno de los pocos países de América Latina donde las leyes sobre el aborto se encuentran entre las más restrictivas, una realidad marcada por una sólida tradición católica y una presencia evangélica cada vez más activa. La intervención de la Conferencia Episcopal señala la intención de la Iglesia de seguir siendo un interlocutor moral en la vida pública, abogando no solo por los no nacidos, sino también por la cohesión social, la atención a los pobres y el diálogo respetuoso en un mundo polarizado.

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