(ZENIT Noticias / La Habana, 09.02.2026).- Por primera vez en la historia moderna de Cuba, la ayuda humanitaria internacional llega a la población sin pasar por manos del Estado. Este cambio sin precedentes se está produciendo a través de la Iglesia Católica, que se ha convertido en la única distribuidora de un nuevo paquete de asistencia estadounidense a la isla en un momento de creciente tensión política y una renovada atención del Vaticano hacia Cuba.

El 5 de febrero, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció un segundo envío humanitario a Cuba por valor de 6 millones de dólares, tras lo que describió como la entrega exitosa de una ayuda inicial de 3 millones de dólares. Al igual que con el primer tramo, la ayuda se transportará desde Miami en paquetes preempacados y será distribuida directamente por representantes de las parroquias locales en toda la isla. El objetivo declarado es explícito: evitar cualquier interferencia o desvío por parte del gobierno cubano y garantizar que la ayuda llegue a las familias necesitadas sin condicionamientos políticos.

La decisión refleja un alto nivel de confianza en la red parroquial nacional de la Iglesia Católica. Según Washington, el método ha demostrado ser «altamente eficaz», precisamente porque elude las estructuras estatales que históricamente han controlado o filtrado la ayuda humanitaria. El secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, subrayó que Estados Unidos supervisará de cerca el proceso y exigirá responsabilidades a las autoridades cubanas si intentan obstruir las entregas. También indicó que podría recibir apoyo adicional, siempre que el régimen no lo bloquee.

La reacción de La Habana fue rápida y desdeñosa. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, acusó a Washington de hipocresía, criticando las sanciones y aranceles estadounidenses a los países que suministran petróleo a Cuba, mientras ofrecía lo que describió como «sopa y comida enlatada para unos pocos». La crítica apunta a un estancamiento geopolítico más amplio, pero también pone de relieve lo inusual de este canal humanitario: el Estado cubano no lo gestiona, ni lo aprueba, ni siquiera lo coordina formalmente.

Esta anomalía se hizo evidente el 14 de enero, cuando Cáritas Cuba, la rama caritativa de la Iglesia Católica, recibió el primer envío destinado a las víctimas del huracán Melissa, que azotó la isla el 29 de octubre de 2025. Ese mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba afirmó que no había habido comunicación oficial entre ambos gobiernos sobre la ayuda. En cambio, según un comunicado publicado en el periódico oficial Granma, fue la Iglesia Católica cubana la que informó a las autoridades que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos actuaría como canal para la asistencia proporcionada por el gobierno estadounidense.

Cáritas Cuba confirmó que la Iglesia supervisaría la distribución, trabajando en coordinación con Catholic Relief Services y con el apoyo técnico de Cáritas Alemania. El encargado de negocios estadounidense, Mike Hammer, informó posteriormente sobre reuniones con el presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, obispo Arturo González Amador, y con el arzobispo de La Habana, cardenal Juan de la Caridad García, para revisar el progreso de la distribución.

Grupos de derechos humanos han advertido desde hace tiempo que el gobierno cubano restringe las iniciativas de ayuda independientes, especialmente las vinculadas a iglesias. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que, a finales de octubre de 2025, las autoridades establecieron retenes entre provincias para bloquear el transporte de alimentos y suministros, en particular los organizados por grupos cristianos, a las zonas afectadas por el huracán Melissa. En este contexto, el acuerdo actual marca una ruptura con décadas de práctica en las que toda la ayuda internacional requería la aprobación y supervisión del Estado.

Para el Movimiento Cristiano Liberación, un grupo de oposición de inspiración católica, la importancia no es solo logística, sino también moral y política. En un comunicado público, el movimiento elogió la iniciativa como un paso concreto hacia el desmantelamiento de lo que denomina el modelo de «dependencia forzada» del régimen. Por primera vez, argumentó, los cubanos pueden recibir ayuda sin jurar lealtad, expresar gratitud al gobierno ni someterse a condiciones ideológicas. El grupo recordó que, tras las protestas de julio de 2021, había instado a la comunidad internacional a establecer un corredor humanitario que aislara al régimen y apoyara directamente a la población. Ahora ve esa propuesta parcialmente realizada. Este delicado momento coincide con un importante acontecimiento eclesial. Del 16 al 20 de febrero, los obispos cubanos tienen previsto viajar a Roma para su visita ad limina, la peregrinación quinquenal y la obligación de informar que los obispos diocesanos tienen con el Papa y la Santa Sede. Durante el pontificado del Papa Francisco, estas visitas se retrasaron o reprogramaron con frecuencia; bajo el papado de León XIV, se están reanudando con renovada regularidad.

Los obispos explicaron que se reunirán con los dicasterios vaticanos y presentarán al Papa un informe exhaustivo sobre las condiciones pastorales, sociales y materiales de sus diócesis. Su audiencia privada con León XIV está prevista para la mañana del 20 de febrero.

El encuentro reviste especial importancia. Los obispos han señalado que León XIV conoce Cuba con bastante familiaridad, ya que la visitó en dos ocasiones como superior general de la orden agustiniana. Ese conocimiento personal, sugieren, genera una cautelosa expectativa en un momento en que la Iglesia en Cuba se encuentra lidiando con la responsabilidad humanitaria, la presión política y la fragilidad social. El 1 de febrero, el Papa León XIV expresó públicamente su preocupación por los informes sobre el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Haciéndose eco de una declaración emitida por los obispos cubanos el 31 de enero, instó a todas las partes a buscar un diálogo sincero y eficaz y a evitar acciones que aumenten aún más el sufrimiento del pueblo cubano.

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