(ZENIT Noticias / Corrientes, 11.02.2026).- Cuando se supo que dos personas que se identificaban como transgénero habían celebrado una boda católica en el noreste de Argentina, la noticia trascendió rápidamente las fronteras de una parroquia local.

La ceremonia tuvo lugar el 28 de enero de 2026 en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya de la Arquidiócesis de Corrientes. Según la pareja, completaron el trámite prenupcial habitual y recibieron la garantía de un fraile franciscano de que no existía ningún impedimento canónico. Su argumento se basaba en una afirmación biológica: uno de ellos nació varón y ahora se identifica como mujer; el otro nació mujer y ahora se identifica como hombre. En términos estrictamente biológicos, sostenían que eran de sexo opuesto y, por lo tanto, aptos para el matrimonio sacramental.

“Pudimos casarnos porque somos de diferente sexo biológico”, declaró Solange Ayala, reconocida activista LGBT en Corrientes, a Radio Sudamericana. Ayala describió el evento como profundamente conmovedor y lo enmarcó como un gesto de apertura capaz de acercar a los católicos LGBT a la Iglesia.

Según el derecho civil argentino, la pareja ya había modificado sus nombres y registrado su género en el Documento Nacional de Identidad, de acuerdo con la Ley de Identidad de Género del país. Ayala afirmó que, si bien sus actas de bautismo aún reflejan sus nombres originales, la parroquia emitió la documentación matrimonial eclesiástica utilizando sus identidades legales actuales.

La pareja insistió en seguir el procedimiento canónico ordinario: abrir un expediente matrimonial, someterse a entrevistas y recibir orientación del párroco. Según Ayala, el fraile consultó al arzobispo José Adolfo Larregain, OFM, y posteriormente comunicó que no había «nada que objetar» a la celebración del sacramento, dado el sexo biológico de la pareja.

Sin embargo, esta versión fue desmentida públicamente menos de dos semanas después.

El 8 de febrero, la Arquidiócesis de Corrientes emitió un comunicado oficial aclarando que la ceremonia no cumplía con los requisitos canónicos para la celebración válida y lícita del matrimonio. La arquidiócesis declaró que la documentación eclesiástica necesaria nunca se había presentado a la curia arzobispal para su revisión, como se requiere en casos de particular complejidad. Advirtió que esta omisión no solo distorsiona el significado teológico del sacramento, sino que corre el riesgo de sembrar confusión entre los fieles.

En la teología católica, el matrimonio no es simplemente una bendición religiosa, sino un sacramento regido por normas jurídicas precisas. El derecho canónico exige, entre otras condiciones, que las partes estén libres de impedimentos, debidamente instruidas y sean capaces de dar un consentimiento válido al matrimonio tal como lo entiende la Iglesia: una unión exclusiva y para toda la vida, ordenada al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. La Iglesia también presume la inmutabilidad del sexo biológico en su disciplina sacramental, un punto que resulta decisivo en casos de transición de género.

La arquidiócesis anunció que, tras las consultas pertinentes, iniciará medidas disciplinarias de conformidad con el derecho canónico. Actualmente, está evaluando si se deben imponer advertencias formales u otras sanciones al párroco responsable de la celebración.

Por su parte, Fray Fernando Luis Gómez, de Nuestra Señora de Pompeya, defendió la conducta de la parroquia, afirmando que actuó conforme a la orientación pastoral y las normas eclesiales. Sin revelar detalles «por respeto a la privacidad de los involucrados», reiteró que el matrimonio cristiano exige no solo documentación externa, sino también la ausencia de impedimentos canónicos y el consentimiento auténtico, es decir, la intención de contraer matrimonio según la definición de la Iglesia, en rectitud y buena fe. También anunció que la parroquia reforzaría sus procedimientos de entrevistas, preparación y verificación para salvaguardar la integridad de los sacramentos y evitar futuras controversias.

El episodio se ha interpretado inevitablemente en el contexto del clima eclesial más amplio, marcado por los debates sobre la atención pastoral a las personas LGBT, en particular a raíz de la Fiducia Supplicans, la declaración del Vaticano de 2023 que permite las bendiciones no litúrgicas de parejas en situación irregular bajo condiciones específicas. Aunque ese documento no alteró la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, su recepción ha sido muy diversa, y los críticos argumentan que las ambigüedades en su interpretación han generado confusión a nivel local.

El propio Ayala reconoció tener una conexión muy vaga con la práctica católica y afirmó no ser «ultracatólico ni muy devoto». Sin embargo, expresó su sorpresa por la actitud protectora de la parroquia durante el proceso, sugiriendo que se tomaron medidas para proteger a la pareja de posibles reacciones hostiles dentro de la comunidad. También describió la boda como, en parte, un esfuerzo por visibilizar lo que él considera un cambio deseado dentro de ciertos sectores de la Iglesia hacia una mayor interacción con las personas LGBT.

La Arquidiócesis de Corrientes, sin embargo, intentó establecer una línea clara. Al reafirmar su compromiso de acoger y acompañar pastoralmente a las personas, insistió en que dicho acompañamiento debe ser fiel al Evangelio, a la tradición doctrinal de la Iglesia y al orden jurídico que garantiza la celebración válida y fructífera de los sacramentos.

Lo que comenzó como una ceremonia parroquial se ha convertido en un caso de prueba en una lucha eclesial más amplia: cómo combinar la sensibilidad pastoral con la coherencia doctrinal en una época en la que el derecho civil, las normas culturales y la teología sacramental católica se mueven cada vez más por caminos divergentes. El resultado de la revisión disciplinaria de la arquidiócesis podría aclarar responsabilidades en Corrientes. Sin embargo, no resolverá las tensiones más profundas que ahora se ven en gran parte del mundo católico.

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