USA: Juez ordena que migrantes presos por ICE puedan recibir la ceniza el miércoles 2026

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(ZENIT Noticias / Chicago, 17.02.2026).- En vísperas de la Cuaresma, un tribunal federal de Chicago se convirtió en escenario de una disputa que trasciende con creces el ámbito de un centro de inmigración suburbano. En un fallo preliminar emitido el 12 de febrero, el juez federal de distrito Robert W. Gettleman ordenó al Departamento de Seguridad Nacional permitir al clero católico el acceso a la oficina local del ICE en Broadview, Illinois, para distribuir cenizas y la Sagrada Comunión el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero.

La decisión representa una importante victoria legal para la Coalición para el Liderazgo Espiritual y Público (CSPL), una organización católica y cristiana sin fines de lucro con raíces en la teología de la liberación y la organización comunitaria. Durante meses, se le había negado al grupo el acceso al centro de Broadview, a pesar de su historial de atención pastoral allí. El fallo ahora obliga a las autoridades federales no solo a permitir el ministerio sacramental el Miércoles de Ceniza, sino también a coordinar con la coalición las medidas de seguridad y a reunirse para hablar sobre el futuro de los servicios religiosos en el centro.

En el centro del caso se encuentra una cuestión jurídica específica: si el gobierno impuso una carga sustancial al ejercicio religioso del clero que buscaba atender a los detenidos. El juez Gettleman concluyó que sí. Citando la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993, no halló ningún interés gubernamental imperioso que justificara impedir que sacerdotes y religiosas ofrecieran atención pastoral. Cabe destacar que el Departamento de Seguridad Nacional no argumentó que su política cumpliera con los estrictos estándares exigidos por dicha ley, es decir, que restringir el ejercicio religioso respondiera a un interés imperioso y lo hiciera por los medios menos restrictivos.

La demanda de CSPL no alegó principalmente la violación de los derechos religiosos de los detenidos. En cambio, argumentó que el gobierno había infringido los derechos y protecciones de los ministros amparados por la Primera Enmienda, según las leyes federales de libertad religiosa, incluida la Ley de Uso de Terrenos Religiosos y Personas Institucionalizadas de 2000. Según los documentos judiciales, las autoridades federales habían erigido una valla alrededor de las instalaciones de Broadview el otoño pasado, impidiendo que los miembros de la coalición rezaran allí, y habían emitido directivas que prohibían la oración dentro de la propiedad federal del lugar. Estas alegaciones no fueron impugnadas en los tribunales. Broadview funciona como una oficina local del ICE que procesa a los detenidos antes de su traslado a centros de detención de larga duración. Oficialmente, se supone que las personas permanecen allí solo unas horas, con una estancia máxima de 72 horas. Sin embargo, el año pasado surgieron quejas que alegaban que algunos detenidos permanecían retenidos durante varios días y, en algunos casos, hasta una semana. Para CSPL y sus partidarios, la designación de corto plazo del centro no disminuye lo que consideran una obligación moral y espiritual de acompañar a los migrantes en momentos de extrema vulnerabilidad.

El padre Dan Hartnett, SJ, miembro del consejo del clero de la coalición y uno de los demandantes en la demanda, describió el fallo como una señal esperanzadora al comienzo de la Cuaresma. Presentó la decisión como un paso hacia la restauración de la libertad religiosa y la afirmación de la dignidad de los migrantes bajo custodia federal. Otro líder del clero asociado con la coalición, el padre Leandro Fossá, CS, ha criticado anteriormente lo que él caracteriza como injusticias sistémicas en la aplicación de la ley federal de inmigración, expresando anticipación sobre cómo respondería el gobierno a la directiva del tribunal.

El fallo llega en medio de una creciente tensión en torno a la aplicación de la ley migratoria en el área de Chicago. El otoño pasado, las agencias federales lanzaron una operación de refuerzo conocida como «Operación Midway Blitz». Casi al mismo tiempo, un residente local, Silverio Villegas González, fue asesinado a tiros por agentes de ICE, un incidente que impulsó a los activistas e intensificó el escrutinio de las prácticas federales. Desde entonces, las liturgias y procesiones públicas de CSPL han atraído a miles de personas, incluyendo una misa de Día de Muertos celebrada fuera de las instalaciones de Broadview el año pasado por el obispo auxiliar José María García-Maldonado de Chicago, él mismo inmigrante de Jalisco, México.

Las celebraciones del Miércoles de Ceniza de este año se extenderán más allá del perímetro del centro de detención. El cardenal Blase J. Cupich, de la Arquidiócesis de Chicago, presidirá una gran misa al aire libre en la iglesia católica de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Melrose Park, organizada en colaboración con los misioneros Scalabrinianos, una congregación históricamente dedicada a servir a los migrantes. Tras la liturgia, se realizará una procesión pacífica por la comunidad, donde los participantes rezarán el rosario y cantarán como muestra pública de solidaridad con las familias inmigrantes.

Aún no se ha confirmado si el cardenal Cupich ingresará personalmente a las instalaciones de Broadview. En las últimas semanas, ha hablado públicamente sobre incidentes en los que, según informes, agentes federales detuvieron a sacerdotes y les exigieron que demostraran su estatus migratorio «debido a su color de piel». Cupich, considerado uno de los cardenales estadounidenses más influyentes debido a sus estrechos vínculos con el Vaticano, ha abogado constantemente por los migrantes y por una reforma migratoria integral.

La disputa en Illinois también ha llamado la atención de obispos de todo el espectro teológico. El arzobispo Alexander Sample, de Portland, Oregón —quien preside el comité de libertad religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y a menudo se le describe como doctrinalmente conservador—, identificó recientemente el acceso restringido a los centros de detención como el problema más preocupante en materia de libertad religiosa en el debate sobre inmigración. Enfatizó la importancia de garantizar que los detenidos puedan recibir atención pastoral y, en especial, los sacramentos. Otros obispos, como el obispo Kevin Rhoades de Fort Wayne-South Bend y el obispo Robert Barron de Winona-Rochester, han expresado preocupaciones similares en los últimos meses.

El tema también resuena en la Iglesia universal. En noviembre de 2025, el Papa León XIV subrayó la necesidad de considerar los derechos espirituales de los migrantes detenidos, reforzando una enseñanza católica de larga data: la atención pastoral no es un privilegio otorgado por conveniencia, sino un aspecto integral de la dignidad humana.

El Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma en el calendario cristiano, es un día de ayuno y arrepentimiento. La imposición de la ceniza —trazada en la frente con la señal de la cruz— es un recordatorio visible de la mortalidad y la conversión. Para los detenidos que decidan participar, recibir la ceniza o la Sagrada Comunión en un centro de procesamiento federal tendría un peso simbólico: una señal de que, incluso dentro de la maquinaria burocrática de la aplicación de la ley migratoria, la Iglesia insiste en acompañar a sus fieles.

Hasta la noche del viernes 13 de febrero, CSPL declaró estar a la espera de la confirmación logística final del Departamento de Seguridad Nacional sobre el cumplimiento de la orden judicial. Las agencias federales no habían respondido públicamente a las solicitudes de comentarios.

Las implicaciones a largo plazo del fallo del juez Gettleman siguen siendo inciertas. Este ha ordenado a ambas partes que se reúnan no solo sobre el Miércoles de Ceniza, sino también sobre el ministerio en curso en Broadview, incluyendo si el clero puede rezar dentro y fuera de las instalaciones e interactuar directamente con los detenidos. Para los defensores, el caso pone a prueba si las leyes de libertad religiosa —a menudo invocadas en otros contextos políticos— se aplicarán con firmeza cuando los beneficiarios sean migrantes y quienes les brindan su servicio.

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