(ZENIT Noticias / Bogotá, 05.05.2026).- Una nueva medida regulatoria del Ministerio de Salud de Colombia ha reabierto uno de los debates morales más delicados de América Latina, al extender el alcance de la eutanasia más allá de las enfermedades terminales para incluir afecciones no terminales, trastornos psiquiátricos e incluso menores de edad. La medida, formalizada en la Resolución 0813-2026 el 28 de abril, marca un cambio significativo en un país donde la eutanasia, si bien no fue legislada por el Congreso, se ha ido configurando gradualmente a través de la jurisprudencia constitucional y la regulación administrativa desde su despenalización en 1997.

El nuevo marco autoriza la eutanasia para personas diagnosticadas con lo que el gobierno define como una «enfermedad grave e incurable», categoría que ahora se amplía para incluir casos originados por enfermedades mentales. También se aplica a pacientes que sufren lesiones corporales graves que implican la pérdida de uno o más sistemas orgánicos debido a causas externas. En términos prácticos, esto amplía la elegibilidad mucho más allá de la comprensión tradicional de los cuidados al final de la vida, lo que plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para evaluar el sufrimiento, la autonomía y el pronóstico médico.

Quizás la dimensión más controvertida de la resolución radica en su aplicación a menores. Los adolescentes de 12 años o más ahora pueden solicitar la eutanasia bajo las mismas condiciones generales que los adultos. Aún más sorprendente, los niños de entre 6 y 12 años podrían ser considerados elegibles si demuestran lo que la regulación describe como un “desarrollo neurocognitivo y psicológico excepcional”, suficiente para tomar una decisión “libre, voluntaria, informada e inequívoca”, y si su comprensión de la muerte corresponde a la esperada de un niño de 12 años o más.

Esta disposición ha provocado una inmediata reacción política. El senador Mauricio Giraldo denunció la medida como “una aberración” y “una derrota moral para la nación”, argumentando que antepone la autoridad del Estado a la de las familias en asuntos de vida o muerte. En declaraciones públicas, criticó la aparente contradicción entre la autodenominación del gobierno como defensor de la vida y su decisión de ampliar el acceso a la eutanasia, particularmente entre poblaciones vulnerables como menores, personas con discapacidad y personas con enfermedades mentales.

Los padres no pueden impedirlo. Los hospitales cristianos no pueden negarse. Esto no es Colombia. Esto no puede quedar en silencio.

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— Mauricio Giraldo (@mgiraldosenador)

Giraldo advirtió además que la nueva política otorga al Estado un papel decisivo en la determinación de quién vive y quién muere, un umbral que considera éticamente inaceptable. Se comprometió a impugnar la resolución por la vía legal, legislativa y cívica, lo que indica que el debate probablemente trascenderá la retórica y se adentrará en la confrontación institucional.

El diputado Luis Miguel López expresó preocupaciones similares, argumentando que la medida forma parte de un patrón más amplio de gobierno por decreto ejecutivo en asuntos que no han obtenido la aprobación parlamentaria. Sostuvo que la expansión de la eutanasia refleja un cambio cultural y político más profundo que, en su opinión, socava la protección de la vida e impone normas controvertidas sin la debida deliberación democrática.

López también vinculó el tema con el panorama electoral colombiano, sugiriendo que las futuras decisiones de liderazgo serán decisivas para determinar si dichas políticas se mantienen o se revierten. Sus declaraciones apuntan a la probabilidad de que la eutanasia, junto con otras cuestiones bioéticas, se convierta en un tema central en las próximas campañas políticas.

Detrás de la controversia inmediata subyace una tensión estructural en la legislación colombiana. A diferencia de países donde la eutanasia está regulada por una legislación integral, Colombia opera bajo un modelo híbrido moldeado por sentencias de la Corte Constitucional y sucesivas directrices administrativas. Esto ha permitido una expansión gradual a lo largo del tiempo, pero también deja el marco vulnerable a críticas sobre su coherencia, supervisión y legitimidad democrática.

Desde un punto de vista médico y ético, la inclusión de trastornos psiquiátricos introduce una capa adicional de complejidad. Evaluar la capacidad de toma de decisiones en pacientes con enfermedades mentales es inherentemente difícil, y la naturaleza irreversible de la eutanasia aumenta las consecuencias de cualquier posible error. Asimismo, extender la elegibilidad a menores de edad confronta principios de larga data sobre el consentimiento, la protección y el papel de las familias en la salvaguarda del bienestar infantil.

Para muchos observadores, el debate trasciende las tecnicalidades legales. Aborda cuestiones fundamentales sobre el significado de la autonomía, los límites de la intervención médica y la responsabilidad de la sociedad hacia sus miembros más vulnerables. En un país marcado por profundas desigualdades sociales y un acceso desigual a la atención médica, los críticos argumentan que la expansión de la eutanasia corre el riesgo de ser percibida no como una expresión de libertad, sino como una respuesta a un sufrimiento que no ha sido abordado adecuadamente.

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