(ZENIT Noticias / Hong Kong, 03.09.2026).- La multa impuesta al Cardenal Joseph Zen es relativamente pequeña. La cuestión jurídica que rodea ahora su caso no lo es.

El Tribunal de Apelación de Hong Kong ha rechazado el recurso presentado por el obispo retirado de 94 años y otros cuatro destacados fideicomisarios del ya desaparecido Fondo de Ayuda Humanitaria 612, confirmando las condenas de 2022 por no haber registrado la organización conforme a la Ordenanza de Sociedades del territorio.

Sin embargo, la importancia del fallo va mucho más allá de los 4.000 dólares de Hong Kong —unos 510 dólares estadounidenses— que cada uno de los cinco acusados fue condenado a pagar.

Zen, la abogada y exlegisladora Margaret Ng, la cantante y activista Denise Ho, la ex parlamentaria Cyd Ho y el académico Hui Po-keung han argumentado que el Fondo 612 era jurídicamente un fideicomiso y no una «sociedad», y que por tanto no estaba sujeto a los requisitos de registro aplicados por las autoridades. Los tres jueces de apelación no estuvieron de acuerdo, concluyendo que el fondo era algo más que dinero simplemente mantenido en fideicomiso y había funcionado a través de los cinco fideicomisarios como un órgano de gestión organizado para recaudar y distribuir donaciones públicas.

Los acusados han anunciado que llevarán su caso al Tribunal de Apelación Final de Hong Kong.

En el centro de su recurso se encuentra una pregunta con consecuencias para el cada vez más reducido espacio cívico del territorio: ¿hasta qué punto puede la ley definir una «sociedad»?

El Fondo de Ayuda Humanitaria 612 fue creado en junio de 2019 durante las manifestaciones masivas inicialmente desencadenadas por un proyecto de ley de extradición que habría permitido transferir a personas de Hong Kong a China continental para ser procesadas. Aunque el proyecto fue finalmente retirado, las protestas se convirtieron en un movimiento prodemocracia mucho más amplio.

El fondo prestaba asistencia humanitaria, económica, jurídica y médica a personas que habían sido detenidas, heridas o afectadas de otro modo durante los disturbios. Más de 10.000 personas fueron arrestadas en relación con las protestas, mientras que casi 3.000 enfrentaron cargos penales.

Para el Tribunal de Apelación, las actividades de los fideicomisarios situaron al fondo dentro de la definición legal de sociedad. Los jueces subrayaron que el grupo había utilizado deliberadamente el fondo para solicitar, recaudar y aplicar donaciones públicas en apoyo de los manifestantes.

La defensa, sin embargo, ha advertido que el fallo podría establecer un principio mucho más amplio. Si prácticamente cualquier grupo de personas que se reúnen para perseguir un fin común puede ser clasificado como sociedad que requiere registro o exención, argumentó Margaret Ng tras la sentencia, las consecuencias para la sociedad civil de Hong Kong podrían ser enormes.

Esta preocupación es especialmente importante porque este es, según se entiende, el primer enjuiciamiento en Hong Kong por este tipo específico de infracción de la Ordenanza de Sociedades. La ley exige que las organizaciones contempladas en sus disposiciones se registren, o soliciten una exención, en el plazo de un mes desde su creación.

El tribunal de apelación rechazó las objeciones constitucionales al sistema de registro, dictaminando que la legislación establecía un equilibrio razonable entre la libertad de asociación y las consideraciones de seguridad pública, orden público y seguridad nacional. Los jueces no encontraron pruebas de que los requisitos impusieran una carga inaceptablemente gravosa sobre el derecho de los acusados a asociarse libremente.

Pero los críticos del caso ven un contexto político más amplio que no puede ignorarse fácilmente.

Los cinco fideicomisarios fueron detenidos inicialmente en mayo de 2022 bajo sospecha de colusión con fuerzas extranjeras en virtud de la amplia ley de seguridad nacional de Hong Kong, un cargo que podría haber conllevado penas mucho más severas, incluida la cadena perpetua. Esas acusaciones no condujeron finalmente a ningún procesamiento. En cambio, el caso contra Zen y sus compañeros fideicomisarios se centró en el incumplimiento del fondo en materia de registro.

Sus condenas fueron dictadas en noviembre de 2022 tras el proceso celebrado en West Kowloon. Una sexta persona, el secretario del fondo Sze Ching-wee, fue condenado por separado y multado con 2.500 dólares de Hong Kong; no recurrió.

Para el Cardenal Zen, sin embargo, la batalla judicial ha adquirido inevitablemente una trascendencia que va más allá de la clasificación técnica de un fondo humanitario.

El ex Obispo de Hong Kong ha sido durante mucho tiempo una de las voces católicas más destacadas del territorio en materia de democracia, derechos humanos y libertad religiosa. Desde su jubilación en 2009, ha continuado pronunciándose públicamente sobre el futuro político de Hong Kong y sobre la situación de la Iglesia en China.

Su caso ha sido por tanto seguido de cerca por los católicos de todo el mundo, en particular porque el uso inicial por parte de las autoridades de acusaciones relacionadas con la seguridad nacional generó el temor de que las figuras religiosas prominentes también pudieran volverse vulnerables cuando participan en el debate público.

El propio Zen ha procurado distinguir sus dificultades legales personales de una simple disputa sobre la libertad religiosa. Pero la libertad de la Iglesia no puede separarse del todo de la situación más amplia de la sociedad civil. Las comunidades religiosas, las organizaciones benéficas y las organizaciones humanitarias dependen, de diferentes maneras, de la capacidad de las personas para organizarse, asociarse y actuar públicamente sin un control estatal excesivo.

El fallo del Tribunal de Apelación no acusa al Cardenal Zen de violencia, ni se refiere al contenido de su fe católica. Formalmente, es una disputa sobre requisitos de registro. Su importancia más amplia reside en otro lugar: en determinar cuánto espacio queda para que los grupos independientes operen cuando la definición legal de una asociación se vuelve cada vez más expansiva.

El propio Fondo 612 cerró en octubre de 2021. Su legado jurídico, sin embargo, sigue desarrollándose.

Para el Cardenal Zen y sus cuatro compañeros fideicomisarios, la próxima etapa será el Tribunal de Apelación Final. Para Hong Kong, el caso puede convertirse en última instancia en una prueba de algo mucho mayor que el destino de cinco acusados: si los ciudadanos pueden todavía reunirse con fines humanitarios o cívicos sin temer que el simple acto de organizarse pueda situarlos bajo el control del Estado.

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