(ZENIT Noticias \/ Vaduz, 15.09.2026).- Dos de los estados m\u00e1s peque\u00f1os de Europa se enfrentan a uno de los debates morales m\u00e1s trascendentales del continente, pero las opciones pol\u00edticas que se presentan en Andorra y Liechtenstein son muy diferentes.<\/p>\n
En Andorra, el gobierno afirma que pretende despenalizar el aborto antes de las elecciones parlamentarias de abril de 2027, incluso si no se alcanza un acuerdo con la Santa Sede. En el vecino Liechtenstein, por su parte, el parlamento aprob\u00f3 por un estrecho margen una propuesta para legalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, pero el pr\u00edncipe heredero ha indicado que tiene la intenci\u00f3n de bloquearla.<\/p>\n
Ambos casos comparten una caracter\u00edstica singular: ambos pa\u00edses tienen mayor\u00edas cat\u00f3licas y estructuras constitucionales en las que la Iglesia o un jefe de Estado cat\u00f3lico conserva un papel institucional. Sin embargo, ilustran dos maneras muy diferentes en que las cuestiones del aborto, la autoridad pol\u00edtica y la conciencia pueden confluir.<\/p>\n
La estructura constitucional de Andorra hace que su debate sea particularmente singular. El peque\u00f1o principado pirenaico tiene dos jefes de Estado: el presidente de Francia y el obispo cat\u00f3lico de Urgell. El actual obispo, Josep Llu\u00eds Serrano Pentinat, funge como copr\u00edncipe junto al presidente franc\u00e9s, Emmanuel Macron.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n ha convertido el aborto en algo mucho m\u00e1s que una simple cuesti\u00f3n legislativa.<\/p>\n
El primer ministro Xavier Espot declar\u00f3 el 8 de septiembre que su gobierno aspira a aprobar una ley que despenalice el aborto para abril de 2027. Asimismo, reconoci\u00f3 que las conversaciones con la Santa Sede continuar\u00edan, pero dej\u00f3 claro que el gobierno espera que el Parlamento finalmente act\u00fae.<\/p>\n
El contenido exacto de la propuesta a\u00fan no se ha publicado. Informes procedentes de Andorra sugieren que podr\u00eda adoptar un enfoque m\u00e1s restrictivo que la legalizaci\u00f3n total: se podr\u00edan eliminar las sanciones penales para las mujeres que se sometan a un aborto en el pa\u00eds, mientras que el aborto en s\u00ed seguir\u00eda siendo formalmente ilegal y los profesionales m\u00e9dicos podr\u00edan seguir enfrent\u00e1ndose a responsabilidad penal.<\/p>\n
La incertidumbre que rodea a la legislaci\u00f3n se ve reforzada por la delicadeza de la cuesti\u00f3n institucional. Seg\u00fan la legislaci\u00f3n andorrana, una ley solo requiere la firma de uno de los dos copr\u00edncipes para entrar en vigor, una responsabilidad que generalmente recae en el copr\u00edncipe franc\u00e9s en asuntos pol\u00edticamente controvertidos. Espot ha declarado que el gobierno quiere que sus negociaciones con la Santa Sede garanticen que cualquier decisi\u00f3n que tome el parlamento no desestabilice el sistema institucional del pa\u00eds.<\/p>\n
El tema lleva a\u00f1os en discusi\u00f3n. Funcionarios del Vaticano y de Andorra mantuvieron negociaciones durante el pontificado del Papa Francisco, incluyendo reuniones con el Cardenal Pietro Parolin y el Arzobispo Paul Gallagher, alto diplom\u00e1tico de la Santa Sede. En 2023, Parolin describi\u00f3 la cuesti\u00f3n del aborto como excepcionalmente delicada y que requer\u00eda discreci\u00f3n y sabidur\u00eda. En junio de este a\u00f1o, funcionarios andorranos anunciaron que el marco t\u00e9cnico y filos\u00f3fico de la propuesta estaba completo, si bien las negociaciones sobre sus consecuencias institucionales segu\u00edan sin resolverse.<\/p>\n
La llegada del nuevo obispo de Urgell tambi\u00e9n ha modificado sutilmente el tono. Serrano, en su primer discurso p\u00fablico como obispo en mayo, enfatiz\u00f3 la necesidad de di\u00e1logo y apoyo para las mujeres que se enfrentan a situaciones dif\u00edciles relacionadas con el aborto. Su predecesor, Joan-Enric Vives, hab\u00eda adoptado una postura institucional mucho m\u00e1s dura y hab\u00eda indicado que no pod\u00eda promulgar legislaci\u00f3n contraria a la doctrina cat\u00f3lica.<\/p>\n
Este contraste es significativo porque la postura de la Iglesia sobre la santidad de la vida humana no nacida no ha desaparecido simplemente con un cambio de tono. M\u00e1s bien, el debate andorrano demuestra la dificultad de traducir una convicci\u00f3n religiosa en pol\u00edtica p\u00fablica cuando un obispo ocupa simult\u00e1neamente un cargo constitucional.<\/p>\n
El tema ha adquirido una resonancia europea adicional gracias a las reflexiones del Papa Le\u00f3n XIV sobre la responsabilidad cristiana en la vida p\u00fablica. En un discurso dirigido a pol\u00edticos franceses en 2025, argument\u00f3 que el cristianismo no puede reducirse a la devoci\u00f3n privada y les dijo a los funcionarios p\u00fablicos que hay momentos en que deben tener el valor de decir no cuando la verdad est\u00e1 en juego. Estas declaraciones no se refer\u00edan espec\u00edficamente a Andorra, pero proporcionan un marco m\u00e1s amplio para comprender la tensi\u00f3n entre la responsabilidad pol\u00edtica, la convicci\u00f3n cristiana y la libertad de conciencia.<\/p>\n
Liechtenstein presenta un escenario institucional notablemente diferente. El 2 de septiembre, su parlamento vot\u00f3 13-12 a favor de una propuesta que permitir\u00eda el aborto hasta la semana 12 de embarazo. Posteriormente, los legisladores rechazaron, por el mismo margen de 13-12, una propuesta para someter la medida a refer\u00e9ndum.<\/p>\n
La iniciativa se origin\u00f3 fuera del parlamento. Una campa\u00f1a de dos meses que finaliz\u00f3 en julio recogi\u00f3 4.970 firmas, aproximadamente una cuarta parte de las personas con derecho a participar en el proceso pol\u00edtico del pa\u00eds. Solo se requer\u00edan 1.000 firmas para que la iniciativa llegara al parlamento. Entre sus demandas figuraban la despenalizaci\u00f3n del aborto antes de las 12 semanas, la eliminaci\u00f3n de las restricciones a la informaci\u00f3n sobre el aborto y la cobertura de los costos del aborto por parte del seguro m\u00e9dico. Una iniciativa similar fracas\u00f3 en 2011, cuando los votantes la rechazaron por m\u00e1s del 52%.<\/p>\n
Sin embargo, la aprobaci\u00f3n parlamentaria podr\u00eda no ser suficiente. El pr\u00edncipe Alois, quien ejerce las funciones de jefe de Estado desde 2004 en nombre de su padre, el pr\u00edncipe Hans-Adam II, tiene seis meses para decidir si sanciona la legislaci\u00f3n. Si no lo hace antes de la fecha l\u00edmite de marzo de 2027, se considerar\u00e1 rechazada. Alois ya ha indicado p\u00fablicamente que vetar\u00eda la medida, invocando lo que describi\u00f3 como el derecho fundamental a la protecci\u00f3n de la vida.<\/p>\n
Una vez m\u00e1s, la cuesti\u00f3n de la conciencia entra en juego en la pol\u00edtica constitucional, aunque a trav\u00e9s de un jefe de Estado hereditario en lugar de un obispo.<\/p>\n
La Iglesia Cat\u00f3lica en Liechtenstein se ha opuesto expl\u00edcitamente al cambio propuesto. El administrador apost\u00f3lico Benno Elbs ha argumentado que el ni\u00f1o por nacer posee una dignidad intr\u00ednseca e inalienable desde el comienzo de la vida y, por lo tanto, merece protecci\u00f3n. Pero su intervenci\u00f3n tambi\u00e9n ha hecho hincapi\u00e9 en las circunstancias que rodean a las mujeres y las familias.<\/p>\n
Su argumento no se limita a prohibir el aborto. Ha abogado por una sociedad en la que las mujeres y las parejas no se sientan abandonadas y en la que elegir la vida sea realmente posible.<\/p>\n
Liechtenstein presenta una contradicci\u00f3n particularmente llamativa en este sentido. El pa\u00eds lleva varios a\u00f1os sin un hospital de maternidad propio, lo que obliga a las mujeres a viajar al extranjero para dar a luz. Elbs ha cuestionado la l\u00f3gica de debatir c\u00f3mo facilitar el aborto a nivel nacional cuando las mujeres ya deben cruzar fronteras para recibir atenci\u00f3n obst\u00e9trica. Su propuesta m\u00e1s amplia es la de una sociedad en la que cada ni\u00f1o sea bienvenido y las madres y los padres reciban el apoyo pr\u00e1ctico necesario para cuidar de sus hijos.<\/p>\n
Este enfoque tambi\u00e9n distingue la postura cat\u00f3lica de una interpretaci\u00f3n puramente punitiva de la pol\u00edtica provida. La Iglesia sostiene que la protecci\u00f3n de la vida implica tanto al ni\u00f1o por nacer como las condiciones sociales en las que las madres y las familias toman decisiones dif\u00edciles. El apoyo al embarazo, la atenci\u00f3n m\u00e9dica, la vida familiar y la seguridad econ\u00f3mica se convierten en parte del argumento moral, en lugar de ser una consideraci\u00f3n secundaria.<\/p>\n
La dimensi\u00f3n constitucional evoca un episodio europeo anterior que sigue siendo inusualmente relevante hoy en d\u00eda. En 1990, el rey Balduino de B\u00e9lgica se neg\u00f3 a firmar la ley que liberalizaba el aborto, alegando que hacerlo violar\u00eda su conciencia y socavar\u00eda el respeto por la vida humana vulnerable. El gobierno finalmente lo declar\u00f3 temporalmente incapacitado para reinar, promulg\u00f3 la ley y lo restituy\u00f3 en el trono d\u00edas despu\u00e9s.<\/p>\n
En 2024, el Papa Francisco anunci\u00f3 que abrir\u00eda la causa de beatificaci\u00f3n de Balduino, situando la confrontaci\u00f3n del antiguo rey con la legislaci\u00f3n sobre el aborto dentro de un debate claramente cat\u00f3lico sobre la conciencia y la responsabilidad p\u00fablica.<\/p>\n
Andorra y Liechtenstein obviamente no son B\u00e9lgica. Sus poblaciones, constituciones y circunstancias pol\u00edticas son diferentes. Tampoco se trata simplemente de una repetici\u00f3n de los sucesos de 1990.<\/p>\n
Pero juntos demuestran que el aborto sigue siendo capaz de poner a prueba los l\u00edmites entre la conciencia personal, las mayor\u00edas democr\u00e1ticas, la convicci\u00f3n religiosa y la autoridad constitucional, incluso en pa\u00edses lo suficientemente peque\u00f1os como para ser considerados una nota a pie de p\u00e1gina en la pol\u00edtica europea.<\/p>\n
En Andorra, el gobierno busca un compromiso que permita el cambio legislativo sin romper su extraordinaria relaci\u00f3n con la Santa Sede y el obispo que comparte la jefatura del Estado. En Liechtenstein, una estrecha mayor\u00eda parlamentaria se ha inclinado por la legalizaci\u00f3n, mientras que el jefe de Estado parece dispuesto a impedirlo.<\/p>\n
Por lo tanto, la cuesti\u00f3n de fondo en ambos casos va m\u00e1s all\u00e1 del destino de un proyecto de ley en particular. La cuesti\u00f3n radica en si el ordenamiento jur\u00eddico europeo, cada vez m\u00e1s secular, puede dar cabida a los ciudadanos y funcionarios p\u00fablicos que consideran la protecci\u00f3n de la vida no nacida no solo como una creencia religiosa privada, sino como una cuesti\u00f3n de dignidad humana fundamental.<\/p>\n
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