(ZENIT Noticias / Salem, Oregón, 07.05.2026).- En nombre de un consejero con licencia de Oregón, los abogados de Alliance Defending Freedom presentaron su escrito inicial el lunes 4 de mayo ante el Tribunal de Apelaciones de Oregón en el caso Canepa contra la Junta de Consejeros y Terapeutas Profesionales con Licencia.

En este caso, los abogados de ADF representan a Frank Canepa, quien fue multado con 89.636 dólares por la Junta de Consejeros y Terapeutas Profesionales Licenciados de Oregón por responder a la reiterada petición de una clienta de que aprobara personalmente las relaciones entre personas del mismo sexo. Si bien Canepa había atendido a esta clienta durante más de dos años y medio y nunca había mencionado su opinión personal sobre las relaciones entre personas del mismo sexo en al menos otras 44 sesiones en las que surgió este tema, la clienta insistió durante 20 minutos en una sesión para que Canepa bendijera personalmente su relación. Finalmente, Canepa le dijo que no podía aprobar personalmente estas relaciones debido a su fe católica.

En su alegato inicial, los abogados de ADF explican que la sanción impuesta por la junta violó los derechos de Canepa amparados por la Primera Enmienda, incluido el derecho a expresarse libremente en las sesiones de terapia. Hace cuatro semanas, la Corte Suprema de Estados Unidos reafirmó este derecho fundamental en el caso Chiles v. Salazar, al dictaminar que las protecciones constitucionales se extienden a los terapeutas profesionales con licencia, como Canepa, «tanto como a cualquier otra persona».

“El gobierno no puede atacar a los consejeros por sus opiniones ni obligar a las personas a decir cosas que vayan en contra de sus convicciones más profundas”, declaró Jonathan Scruggs, abogado principal de ADF y vicepresidente de estrategia de litigios. “La Corte Suprema reprendió recientemente a Colorado por censurar a los consejeros e imponer la ortodoxia en sus consultorios. Ahora, Oregón debe aprender la misma lección sobre la Primera Enmienda. Instamos al tribunal de apelaciones de Oregón a que revoque la exigencia ilegal de la junta, restablezca la cordura de la Primera Enmienda y detenga el intento del estado de instrumentalizar su sistema de licencias”.

Canepa intentó redirigir amablemente la reiterada petición de la clienta de que expresara su opinión personal sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, pero, ante su insistencia, finalmente respondió que no podía ofrecer la afirmación personal solicitada. La junta de Oregón dictaminó que la cortés respuesta de Canepa infringía la ley de Oregón y el Código de Ética de la Asociación Estadounidense de Consejería, y le ordenó que realizara seis horas de formación continua y pagara los costos de su propia audiencia, que ascendieron a casi 90 000 dólares. Los abogados de ADF apelaron, solicitando al tribunal de apelaciones de Oregón que revocara la orden ilegal.

Matthew Wand, del bufete Lynch Murphy McLane LLP, actúa como asesor legal local en representación de Canepa.

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