(ZENIT Noticias / Roma, 07.05.2026).- Lo que comenzó hace casi una década como el intento más ambicioso del Vaticano para combatir la corrupción financiera podría estar transformándose en algo mucho más peligroso para la Santa Sede: un colapso legal y reputacional capaz de deshacer años de esfuerzos de reforma y exponer a la Secretaría de Estado a nuevas y potencialmente enormes responsabilidades financieras.

El extenso proceso penal vinculado a la controvertida transacción inmobiliaria en Londres, centrada en el número 60 de Sloane Avenue, se presentó inicialmente como un hito histórico en la rendición de cuentas del Vaticano. Sin embargo, una creciente serie de revocaciones judiciales, complicaciones procesales y derrotas legales internacionales amenazan con convertir el caso en una de las crisis institucionales más perjudiciales que ha enfrentado la Santa Sede moderna.

Lo que está en juego no es solo el futuro del emblemático juicio por corrupción financiera del Vaticano, sino también la credibilidad de la agenda de reformas que los sucesivos pontificados han intentado impulsar en respuesta a décadas de escándalos relacionados con inversiones opacas, una supervisión deficiente y luchas internas de poder.

El último revés se produjo en marzo de 2026, cuando el tribunal de apelaciones de la Ciudad del Vaticano ordenó la revisión de la investigación y el procesamiento que dieron inicio al histórico juicio por delitos financieros en 2022. En una decisión extraordinaria, los jueces invalidaron de facto los decretos emitidos bajo el pontificado del Papa Francisco que habían permitido a la fiscalía llevar a cabo la investigación penal del caso de Londres.

Si bien las condenas dictadas en 2024 técnicamente se mantienen vigentes por ahora, el fallo de apelación ha abierto la posibilidad de que todo el proceso sea declarado nulo.

De ocurrir esto, las consecuencias serían profundas.

El Vaticano dedicó años a presentar el caso de Londres como prueba de que incluso altos funcionarios y poderosos intermediarios financieros podían ser responsabilizados. La fiscalía argumentó que la Santa Sede perdió alrededor de 200 millones de euros a través de una compleja red de inversiones y transacciones vinculadas a la adquisición de la lujosa propiedad londinense antes de 2018.

Sin embargo, tras seis años de investigaciones, arrestos, juicios, filtraciones de documentos e implacable escrutinio internacional, existe la posibilidad de que ninguno de los diez acusados ​​inicialmente procesados ​​llegue a enfrentar consecuencias penales ejecutables ante el sistema judicial vaticano.

Tal colapso constituiría ya una humillación para el tribunal vaticano. Pero el peligro va mucho más allá de la vergüenza.

El caso de Londres ha generado litigios paralelos en varios países, y estos procesos han expuesto cada vez más las debilidades de la propia estrategia del Vaticano. Resulta particularmente preocupante para la Secretaría de Estado la impresión de que ahora podría estar socavando sus propias reivindicaciones legales en el extranjero.

Uno de los ejemplos más claros surgió en Suiza.

A finales de abril de 2026, las autoridades suizas anunciaron que abandonaban los esfuerzos para procesar al financiero Enrico Crasso, una figura clave vinculada a las inversiones de la Secretaría de Estado. Según el empresario Raffaele Mincione —el hombre que finalmente vendió el edificio londinense al Vaticano—, Crasso desempeñó un papel fundamental en la organización de las estructuras de inversión de la Secretaría y presuntamente incurrió en conductas que iban desde altamente irregulares hasta potencialmente ilegales.

Crasso también se enfrentó a acusaciones de intentar presionar o chantajear a otros implicados en la transacción para obtener el control de la propiedad en Londres. Informes adicionales lo vincularon con la gestión de millones de euros de fondos vaticanos relacionados con un supuesto proyecto de construcción de una autopista en Estados Unidos que, presuntamente, nunca existió.

A pesar de todo esto, la fiscalía suiza archivó el caso porque, según se informó, la Secretaría de Estado se negó a poner a disposición a testigos clave.

Entre esos testigos se encontraban monseñor Alberto Perlasca, antiguo jefe de la oficina administrativa de la Secretaría, y el arzobispo Edgar Peña Parra, uno de los funcionarios de mayor rango del departamento.

Esta negativa podría tener consecuencias extraordinarias.

Al negarse a cooperar plenamente en un caso iniciado por iniciativa propia, la Secretaría no solo debilitó la posibilidad de recuperar los activos congelados en Suiza, sino que también podría haber dañado su credibilidad en litigios en curso en otros países, especialmente en el Reino Unido.

Allí, Mincione ha continuado las acciones legales contra la Secretaría de Estado y varias instituciones financieras ante el Tribunal Comercial británico. El financiero ha sostenido durante mucho tiempo que el Vaticano lo acusó falsamente de mala conducta y mala gestión, intentando atribuirle pérdidas internas.

Ya ha obtenido victorias legales parciales. En procedimientos anteriores, se ordenó a la Secretaría de Estado pagarle más de un millón de libras esterlinas en costas judiciales.

Un momento especialmente perjudicial se produjo cuando el arzobispo Peña Parra testificó en Londres que aprobó a sabiendas una factura de 5 millones de euros, a pesar de reconocer que era «completamente ficticia». Durante el interrogatorio, según se informa, admitió las dudas sobre su honestidad.

Este testimonio ha alimentado los argumentos de los críticos del Vaticano de que el escándalo podría revelar no solo un fraude externo contra la Santa Sede, sino también una grave disfunción y una conducta cuestionable dentro de la propia Secretaría.

Ahora, observadores legales advierten que si los funcionarios del Vaticano se niegan nuevamente a proporcionar testigos en los procedimientos británicos, los jueces podrían concluir que la Secretaría ha abandonado por completo sus acusaciones contra Mincione.

Ese escenario generaría enormes riesgos.

Mincione podría argumentar que fue inducido a aceptar y administrar fondos del Vaticano que habían sido gestionados de forma irregular internamente, para luego convertirse en el chivo expiatorio público de las pérdidas resultantes. Si los tribunales británicos consideraran válidos estos argumentos, el Vaticano podría enfrentarse a indemnizaciones adicionales que podrían ascender a millones de dólares.

Financieramente, las implicaciones son alarmantes. Pero institucionalmente, lo que está en juego podría ser aún mayor.

La credibilidad de la Santa Sede ya se ha visto gravemente afectada por años de revelaciones sobre opacidad financiera y rivalidades internas en los altos cargos de la Curia Romana. Se suponía que el caso de Londres demostraría la llegada de una nueva era de transparencia y rendición de cuentas.

En cambio, los críticos observan cada vez más confusión, irregularidades procesales y versiones contradictorias sobre quién es realmente responsable de una de las operaciones financieras más desastrosas del Vaticano en la historia moderna.

Esta incertidumbre llega en un momento delicado para el Papa León XIV, cuyo pontificado hasta ahora ha proyectado un cauto optimismo respecto a las finanzas del Vaticano y la reforma institucional. Si bien reconoce que aún persisten importantes desafíos, León XIV ha manifestado su satisfacción con la dirección general de las reformas y con la mejora de la disciplina financiera dentro de la Santa Sede.

Sin embargo, una reacción en cadena de procesamientos fallidos, casos archivados y derrotas ante tribunales internacionales podría debilitar seriamente este impulso.

El daño a la reputación no se limitaría a perder batallas legales. Aún más perjudicial sería la percepción de que personas consideradas responsables de graves faltas —tanto dentro como fuera de las estructuras vaticanas— eludieron por completo la rendición de cuentas, mientras que la propia Secretaría podría ser considerada parcialmente responsable de las mismas irregularidades que decía denunciar.

Para muchos católicos, los escándalos financieros dentro de la Iglesia tienen una dimensión particularmente dolorosa, ya que involucran recursos confiados para fines espirituales, caritativos y pastorales. Por lo tanto, el caso de la propiedad en Londres nunca se ha tratado simplemente de bienes raíces o pérdidas de inversión. Se ha convertido en una prueba de si el Vaticano puede gestionar sus asuntos temporales con la misma seriedad moral que exige a los demás.

Esa prueba está entrando ahora quizás en su fase más precaria hasta el momento.

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