(ZENIT Noticias / Ciudad de México, 06.06.2026).- La Iglesia católica en México ha presentado críticas al proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el cual se posiciona a favor de declarar inconstitucional una ley pro vida en el Estado de Aguascalientes. Esa ley estatal sanciona como delito doloso el aborto de seis semanas de gestación.

La arquidiócesis de México aclaró que estas acciones legales “ponen en juego la protección de la vida humana” y que despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo ataca la dignidad humana. Explicó que dejar esta decisión a especialistas, legisladores o jueces, quita a las familias, a las comunidades y a las organizaciones sociales su papel de que “las leyes y las instituciones estén verdaderamente al servicio de la persona”.

En una editorial del 30 de mayo, el medio de comunicación de la arquidiócesis de México, Desde la Fe, hace ver que las iniciativas proaborto abren la puerta a la discriminación de las mujeres embarazadas al no incluir referencias a responsabilidades de los varones que embarazan a la mujer en violaciones o imposición del trato sexual.

La Iglesia católica señala cómo los intentos de justificar el aborto son erráticos: “Nos preocupa que algunas iniciativas sean presentadas como ampliaciones de derechos cuando, en realidad, pueden implicar la exclusión de otros seres humanos de la protección que el Estado está llamado a garantizar”.

El Frente Nacional por la Familia y otras asociaciones protestaron ante la SCJN mencionando la propuesta de que el aborto sea legal hasta los nueve meses de embarazo, la cual no existe en comunicado o documento público alguno.

El tribunal analizó la Controversia Constitucional 172/2024, promovida en 2024 por el poder ejecutivo del país y la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la protección constitucional del Estado de Aguascalientes que reconocen la vida «desde la concepción», así como contra los artículos del código penal de ese Estado que restringen el aborto a un máximo de seis semanas de gestación.

El proyecto ha sido elaborado por el magistrado ponente Irving Espinosa Betanzo, quien opina que «la única manera de eliminar la criminalización es a través de la despenalización total, por la cual el aborto quedaría regulado únicamente en el ámbito de la salud pública». Es llamativo que la propuesta se fundamenta en la organización feminista GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), proveedora de abortos asociada a Planned Parenthood, líder en asesinatos legales de bebés en el vientre de su madre a nivel mundial.

También Human Rights Watch pide al estado mexicano eliminar el delito de aborto y advierte que la criminalización social es una barrera que obstruye el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país. El 24 de abril de 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primera constitución estatal en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. A esta decisión se han sumado 23 de los 32 estados del país, tras la sentencia de la Suprema Corte que en 2023 declaró inconstitucional criminalizar el eufemismo “derecho a decidir” y ordenó al Congreso federal eliminar el delito de aborto del Código Penal.

Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, se pronunció con contundencia: «La Suprema Corte pretende cometer una suprema injusticia esta semana, al planear votar sobre una propuesta para eliminar el crimen del aborto en Aguascalientes», con «repercusiones que podrían extenderse a toda la república. México no necesita más muerte; ya tenemos suficiente con los cientos de miles de personas asesinadas por el crimen organizado, sin que la Suprema Corte busque ahora legalizar la muerte de los más inocentes».

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