(ZENIT Noticias / Luxemburgo, 07.10.2026).- Una disputa que comenzó con un católico belga que solicitaba la eliminación de su información personal del registro bautismal se ha convertido en una cuestión europea mucho más amplia: ¿puede una persona solicitar la eliminación de sus datos sin obligar a una comunidad religiosa a borrar el registro histórico de un evento que considera fundamental para su vida sacramental?

El caso, conocido como Bisdom Gent, se encuentra ahora ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este caso surge a raíz de un dictamen emitido el 1 de octubre por la Abogada General Laila Medina, quien concluyó que la legislación europea de protección de datos puede, en principio, otorgar a una persona bautizada el derecho a que se elimine su información personal del registro bautismal cuando la Iglesia no puede demostrar motivos legítimos imperiosos para conservarla.

Su dictamen no es vinculante para el tribunal, y se espera la sentencia definitiva a finales de 2026 o principios de 2027. Pero lo que está en juego ya es evidente. La decisión deberá conciliar dos interpretaciones distintas de lo que constituye un registro bautismal: datos personales pertenecientes a un individuo y un registro histórico y sacramental propio de la vida de una comunidad religiosa.

La disputa se remonta a marzo de 2021, cuando un ciudadano belga bautizado solicitó a la Diócesis de Gante que eliminara su información de todos sus registros, incluido el registro bautismal, invocando el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. La diócesis no eliminó la inscripción. En su lugar, añadió una anotación indicando que la persona había abandonado la Iglesia y marcó la inscripción original con dos líneas diagonales.

El demandante rechazó esta solución. En diciembre de 2023, la autoridad belga de protección de datos ordenó a la diócesis que atendiera su solicitud. La diócesis apeló y, en diciembre de 2024, el Tribunal de Apelación de Bruselas remitió cinco cuestiones relativas al derecho europeo a Luxemburgo. Entre ellas, si el reglamento de protección de datos debe interpretarse a la luz de la libertad religiosa y si el registro de la salida de una persona de la Iglesia puede considerarse, en sí mismo, una eliminación.

La opinión de Medina no establece un derecho automático para que los ex católicos soliciten la eliminación de sus registros bautismales. En cambio, propone una evaluación en cada caso particular. Los tribunales nacionales tendrían que sopesar los derechos del solicitante a la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de pensamiento, conciencia y religión frente a la autonomía de la Iglesia y su propia libertad religiosa.

Si la eliminación estuviera justificada, simplemente tachar una entrada podría no ser suficiente. Según la interpretación que el tribunal hace de la opinión, la información personal relevante tendría que volverse ilegible de modo que la persona ya no pudiera ser identificada o fácilmente identificada. El hecho de que un bautismo tuvo lugar en un lugar y hora determinados podría, no obstante, permanecer en el registro.

Esta distinción es el núcleo de la controversia.

Para la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, el problema no radica en que la legislación europea proteja los datos personales, sino en qué sucede cuando el ejercicio de ese derecho altera la naturaleza de los propios registros históricos de una institución.

La COMECE ha advertido que eliminar el nombre y apellido de una persona bautizada privaría al registro de gran parte de su significado y propósito. Su secretario general, el padre Manuel Barrios, ha argumentado que los registros bautismales no deben entenderse como listas de miembros que indiquen quiénes se consideran católicos en la actualidad. Documentan que un sacramento tuvo lugar, bajo circunstancias particulares, en un momento histórico específico.

Esta distinción es importante porque el bautismo, en la doctrina católica, no se considera una condición de pertenencia que pueda activarse o cancelarse fácilmente. La Iglesia enseña que el bautismo deja una huella espiritual indeleble y no puede repetirse, incluso si una persona posteriormente abandona la práctica religiosa o rechaza formalmente la fe.

Por lo tanto, el registro tiene consecuencias que van más allá de la persona cuyo nombre aparece en él. Puede contener información sobre los padres, padrinos y el ministro que celebró el bautismo. Según la COMECE, conservar el registro también puede ser relevante para cuestiones posteriores dentro de la vida sacramental y legal de la Iglesia, incluyendo la verificación de si una persona ha sido bautizada al considerar el matrimonio, los votos religiosos o la ordenación.

Barrios ha propuesto la anotación marginal utilizada por las diócesis belgas como una posible solución intermedia. Esta anotación deja constancia de la decisión individual de abandonar la Iglesia sin pretender que el bautismo nunca tuvo lugar. En su opinión, este enfoque permite respetar la autonomía personal a la vez que se preserva lo que él denomina la memoria histórica y sacramental de la comunidad.

El argumento se extiende también a situaciones que involucran a otras personas. Barrios ha señalado circunstancias como la de una familia que solicita los sacramentos para un pariente gravemente enfermo, donde el registro bautismal puede formar parte de la capacidad de la Iglesia para establecer el historial sacramental de una persona. Por lo tanto, la cuestión no se reduce necesariamente a una disputa entre una persona y una base de datos.

La COMECE ha reconocido que el dictamen del Abogado General reconoce la importancia de la autonomía de la Iglesia, la libertad religiosa y la correcta administración de los sacramentos. Varios países e instituciones europeas también argumentaron durante el proceso en contra de un derecho general de supresión, mientras que la República Checa, Austria, Italia y Letonia enfatizaron la dimensión colectiva de la libertad religiosa y la autonomía de las comunidades religiosas.

La comisión episcopal europea está particularmente preocupada por las posibles consecuencias si el tribunal adopta el enfoque del dictamen. Una sentencia que exija la supresión de la información bautismal podría generar incertidumbre para las iglesias responsables del tratamiento de datos en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. En algunos países, argumenta la COMECE, esto también podría plantear interrogantes sobre la relación entre las obligaciones legales europeas y los concordatos o las leyes nacionales que reconocen aspectos del derecho canónico.

El caso, por lo tanto, trasciende una cuestión aparentemente técnica sobre la privacidad. Pone a prueba la comprensión que el derecho europeo tiene de las instituciones religiosas cuando sus registros internos contienen tanto información personal como registros de eventos que dichas instituciones consideran constitutivos de su identidad comunitaria.

Esta tensión es especialmente significativa porque el derecho europeo no considera la libertad religiosa únicamente como un derecho individual. El artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige que la Unión respete el estatuto del que gozan las iglesias y asociaciones religiosas según el derecho nacional y que mantenga un diálogo abierto y transparente con ellas. El Papa León XIV invocó este principio durante su discurso del 28 de septiembre en Metz, subrayando la necesidad de respetar la autonomía de las iglesias y su libertad para organizarse, expresar su fe y practicar su culto.

Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace.

The post ¿Puede Europa borrar un bautismo? Una batalla legal pone a prueba la autonomía de la Iglesia appeared first on ZENIT – Espanol.